Señora Directora:
Al hablar de discapacidad, los expertos reconocen un avance importante en nuestro país en materia de inclusión, desde que Chile ratificara, el año 2008, la Convención de personas con discapacidad (PcD) de la ONU. Sin embargo, todavía existen brechas muy importantes en la participación social de este colectivo y la inclusión laboral, es uno de los ámbitos en los que se requiere actuar con gran celeridad.
Si bien es cierto que la ley 21.015 -más conocida como ley de cuotas- en vigencia desde el 2018, ha impulsado el desarrollo de culturas organizacionales más respetuosas e inclusivas, no es menos cierto que todavía persisten sesgos y temores al momento de pensar en equipos de trabajo diversos.
Estos años de aprendizaje, han demostrado que aquellas instituciones que efectivamente han creído en el valor que esta diversidad puede aportar a sus organizaciones y han dado el paso hacia la valoración de las PcD, inician un viaje sin retorno.
Si el proceso de inclusión laboral de diferentes grupos en riesgo de exclusión social se hace bien, esto es, permeando a toda la institución con la convicción de agregar valor a su quehacer, ya no vuelven a considerar a la diversidad como riesgo o amenaza; se transforma fortaleza y sello diferenciador.
Este es un camino bastante nuevo para el sector productivo de nuestro país, por lo que aún falta información rigurosa que permita generar experiencia comparada o modelos de buenas prácticas que vayan trazando el camino a quienes recién inician esta ruta. Y para ello, los datos son fundamentales, por lo que la colaboración entre los diferentes agentes de los ecosistemas asociados a inclusión, se torna imprescindibles.
Alejandra Ríos