Señor Director:
Es un sano ejercicio al término de un año o iniciando el siguiente realizar un balance. El fin de la administración del Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet dejó en evidencia que ni la formulación de proyectos de ley ni la institucionalidad emergente fueron suficientes para avanzar en el bienestar y el respeto a los derechos fundamentales de miles de niños bajo protección del Estado, Sename.
El nuevo gobierno asumió la necesidad de dar prioridad a la infancia, a través de la Defensoría de la Niñez y la Subsecretaría de la Infancia, donde se convocó a acuerdo transversal por la infancia, debido a los resultados del informe ONU sobre graves vulneraciones a los derechos humanos de los niños en Sename.
Entre otros temas, la Subsecretaría de la Infancia propuso la implementación de un piloto en 12 comunas del país para la articulación local de los dispositivos sectoriales de infancia.
En esta misma línea, se constituyó una instancia de trabajo entre el Poder Judicial y el Ministerio de Justicia para la priorización, pertinencia y disposición de la oferta necesaria para los niños en el Sistema de Protección. Por su parte, el Ministerio de Desarrollo Social asumió el compromiso país que pone foco a los niños en residencias y a los que desertan del colegio. Asimismo, la cartera social está levantando un catastro de niños en situación de calle lo que por cierto hará necesario contar con una oferta especializada y con evidencia que responda a la realidad detectada.
En la oferta residencial se ha avanzado en un modelo de residencias familiares que reemplazan la operación de los centros de administración directa de Sename, cuya primera experiencia en Playa Ancha, requiere ser evaluada.
El aumento en la subvención a los organismos colaboradores debe traducirse en avanzar en un modelo de financiamiento contra resultados, los estándares no bastan. Se valora la incorporación de garantizar los horarios de visitas y fomentar el vínculo familiar, así como un nuevo modelo de representación jurídica “Mi abogado”, el que debería quedar en manos de una institución autónoma como la Defensoría de la Infancia.
También comenzó la evaluación de la oferta ambulatoria en el sistema de protección, donde se esperan importantes reformas que apunten a incorporar programas con evidencia y disponibilidad.
Sin duda falta mucho por avanzar. Subsisten grandes desafíos en materia de disponibilidad de oferta especializada en salud mental y en prevención. Preocupa el aumento en el consumo de drogas de nuestros niños y jóvenes, y es necesario pasar de las mesas de análisis a las políticas públicas de infancia, a la participación de la comunidad y de la sociedad civil organizada.
Es necesario no olvidar a los niños cuyas madres están privadas de libertad, a los fugados de un cread o una residencia, a los niños explotados sexualmente o a los que trabajan pese a su edad.
Nos falta mucho por hacer y depende de nosotros seguir avanzando, exigir al Estado y a nosotros mismos un mejor futuro para nuestros niños y hacerlo con sentido de urgencia. Debemos comprender que es un proceso que requiere tiempo, pero que por lo mismo no da pausa, pero que si nos sumamos todos estaremos salvando generaciones que hoy por múltiples razones estamos perdiendo.
Marcelo Sánchez A.
Gerente Fundación San Carlos de Maipo