Señor Director:
Indignación es el sentimiento que recorre a las víctimas de la represión y a gran parte del país, luego de la decisión de la Corte Suprema que favorece la libertad de reos-militares condenados por hechos de sangre, tortura y desaparición de personas durante la dictadura cívico-militar que gobernó nuestro país entre 1973 y 1990.
En pocos días más se cumplirán 45 años del golpe de estado del 11 de septiembre de 1973 y las heridas que muchos chilenos esperábamos que se comenzaran a cerrar, hoy se vuelven a abrir bruscamente Las demandas para el cierre de estas heridas la sociedad chilena las conoce: Verdad, Justicia, Reparación y Memoria.
Ha sido duro conocer que la Corte Suprema, cuando en pocos meses más se cumplirán 70 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, cambie el criterio que durante años el mismo organismo que negó, con sólida argumentación jurídica, la libertad condicional por crímenes de lesa humanidad a los militares prisioneros que cumplen sus penas en Punta de Peuco, hoy desconozca la jurisprudencia y los Tratados Internacionales para este tipo de situaciones.
Con justa razón las agrupaciones de familiares de presos políticos desaparecidos y ejecutados han levantado su voz para denunciar que esta no es más que una manera encubierta de impunidad.
Al parecer, tanto el Gobierno como el Poder Judicial han iniciado un proceso (¿acordado?) para aplicar por vía administrativa una Ley de Punto Final: Indultos (Gobierno) y libertad condicional (Poder Judicial) por razones humanitarias o cumplimiento de requisitos como buena conducta o cumplimiento de tiempo de reclusión dejando de lado el arrepentimiento y la colaboración con la justicia para aclarar los crímenes cometidos durante el oscuro periodo de la dictadura.
Gabriel Reyes Arriagada
Ex prisionero político