El 16 de abril de 2018, el presidente del Instituto Seguridad Social de Nicaragua, daba a conocer una reforma al sistema previsional estatal señalando el aumento de las cotizaciones de responsabilidad del empleador y del trabajador, y, al mismo tiempo, anunciaba la disminución de las pensiones en un 5% “, decisión que se fundamentaba en un simple y significativo párrafo: “garantizar la sostenibilidad financiera de la entidad estatal, en riesgo de quiebra por un déficit estimado en 75 millones de dólares”. Era una reforma financiera para apuntalar un sistema de administración deficiente recargando el costo esencialmente en los trabajadores, si consideramos que además a los jubilados se les disminuía en un 5% sus actuales pensiones.
Esa misma noche los estudiantes universitarios inician su movimiento con una protesta pacífica frente a la Universidad Centroamericana, sin efectuar una ocupación de la casa de estudios hasta el día de hoy.
Fue el inicio de una “insurrección cívica pacífica”, la primera y única de Nicaragua, la “ciudadanía desarmada”, encabezada por estudiantes universitarios y a la cual se plegaron rápidamente todas las organizaciones sociales ciudadanas, a través de varios pueblos y ciudades, sin participación de partidos políticos. Desde el comienzo se produce una represión brutal y sangrienta dirigida desde el Gobierno utilizando la policía y grupos de partidarios enmascarados, armados algunos con fusiles y armamentos de menor calibre. Al tercer día de la rebelión pacífica, cuando se empiezan a contar decenas de muertos, los estudiantes crean el movimiento 19 de abril, M19A encabezados por sus propios voceros. La resistencia pacífica se organiza y el 23 de abril llaman a la “Caminata por la paz”, la mayor movilización no partidista. Vendrá después, mientras siguen aumentando los muertos, la “Marcha Pacífica”, organizada ahora por la Iglesia Católica, con la presencia de obispos, sacerdotes, laicos y el pueblo organizado. En mayo, el llamado es de las “Madres de Abril”, una nueva organización que convoca a las madres que han perdido a sus hijos en esta represión. Las expresiones populares son multitudinarias, no está demás afirmar que se mantienen dentro de los espacios de no violencia.
La violencia sangrienta, practicada por los paramilitares sandinistas del presidente Daniel Ortega Saavedra, ha tenido dos consecuencias estructurales importantes. La primera, concitar la formación de una oposición no partidista, sin participación de los partidos, donde acuden los estudiantes con sus diversas organizaciones, los sindicatos, campesinos, académicos e intelectuales. Cuando se instala la represión se suman activamente a las marchas los empresarios organizados en el COSEP (Consejo Superior de Empresarios Privados), que hasta ese momento habían dialogado con el Gobierno en busca de consenso para el desarrollo del país, produciéndose ahora una convergencia con las otras fuerzas movilizadas, formando la Alianza Cívica.
La segunda consecuencia ha sido elaborar un Programa de Democratización de las instituciones, entre ellas el Servicio Electoral, con el fin de celebrar elecciones anticipadas, para marzo de 2019, que otorguen reales garantías, considerando que Ortega termina su cuarto mandato en el año 2022. La Alianza Cívica por medio de sus voceros, exigen libertad para disentir y todas las libertades políticas propias de una democracia, elecciones transparentes y reales, organizadas por un organismo electoral autónomo sin injerencia del Gobierno, término de la represión, disolver a las fuerzas paramilitares y libertad de prensa.
Después de unas semanas de silencio del presidente Ortega, el sábado 7 de julio, sale a la calle fuertemente protegido, para tener un contacto directo con sus partidarios sandinistas y empleados públicos en una concentración en Managua para anunciar su rechazo a la propuesta de la Alianza Cívica de adelantar las elecciones y dejar el poder; por el contrario, mantendrá los ataques contra los subversivos en una “lucha por la paz”. Con ello se quebró el diálogo, cerró los caminos de entendimiento y mostró nuevamente el rostro de la represión cuando fuerzas paramilitares apoyadas por la policía irrumpieron en la Basílica de Diriamba, San Sebastián, a 40 kilómetros de Managua, golpeando a obispos, al nuncio y periodistas para secuestrar a una decena de civiles que se habían refugiado en el lugar. La represión de Ortega, al día de hoy, deja 320 muertos pertenecientes a una ciudadanía desarmada y pacífica. Una nueva tragedia se ha instalado en América Latina: atropello a los derechos humanos, un caudillo, Daniel Ortega, que ha ido desmantelando el Estado de Derecho, provocando una crisis de gobernabilidad y de atropello al derecho a la vida de sus ciudadanos.
Arnoldo Pacheco Silva
Historiador