Señor Director:

Mañana, entra formalmente en vigencia la nueva ley de inclusión laboral que obligará a todas las empresas y organismos públicos con más de 100 trabajadores a reservar al menos el 1% de sus cupos a personas con discapacidad, norma que se implementará de forma gradual.

Con esto estamos frente a un desafío país, donde la nueva ley le dará una oportunidad a 7600 empresas de elevar sus estándares de compromiso con la sociedad. Por ello su cumplimiento y éxito dependerán de la absoluta voluntad y de la apertura que tengan los empleadores y sus equipos frente a la diversidad. Hasta ahora la inclusión ha sido concebida como una acción de responsabilidad social empresarial, dando a las personas con discapacidad roles de menor exigencia; de mano de obra no calificada y evaluándolos de manera más laxa que a los demás. Con este punto de inflexión podremos empezar a emparejar la cancha y de paso abrir una ventana para que las empresas aporten a una sociedad más justa y responsable.

Este cambio, no obstante, se logrará sólo si dejamos la mirada asistencialista y adoptamos un enfoque de igualdad de derechos, acompañado, en la práctica, con mecanismos de intermediación laboral para compatibilizar de manera óptima las necesidades del negocio con las capacidades y las expectativas de los candidatos. Así se generará una relación de trabajo perdurable, provechosa y validada por el entorno organizacional.

La responsabilidad, cabe mencionar, es recíproca. Las personas con discapacidad también tienen el desafío de capacitarse, desafiarse y responder, en igualdad de condiciones, a las exigencias del trabajo que deben enfrentar. Romper mitos tiene que partir por ellos y también por sus familias. Es en el hogar donde pueden gestarse las primeras resistencias a su inclusión y, por tanto, donde comienza también su empoderamiento.

María José Escudero
Directora Ejecutiva y Co Fundadora Fundación Ronda