Señor Director:
En su primera actividad de Gobierno, en un centro colaborador de Sename, el Presidente Piñera anunció un “Gran acuerdo por la Infancia”, lo que manifiesta la voluntad de priorizar la resolución de la crisis en el sistema de protección. Sin duda es una buena noticia que apunta a medidas que son positivas y se aproximan a priorizar acciones requeridas de manera urgente, tales como la representación jurídica efectiva y de calidad, la atención en salud o las necesidades educativas, sin embargo, será insuficiente si no apunta decididamente al conjunto de medidas estructurales que garanticen el cumplimiento del intersector, priorizando la prestación de derechos garantizados a la infancia.
Hoy, el déficit central del proyecto de Sistema de Garantías de derechos de la infancia, en tramitación en el Congreso, es la inexistencia de mecanismos de exigibilidad que obliguen a cada ministerio y servicio especializado a cumplir con el debido resguardo de los derechos establecidos para la infancia.
Por esta razón, no basta con dividir Sename, sino que se requiere que tanto los niños en protección y reinserción cuenten con los dispositivos adecuados para tales garantías. No olvidemos que en ambos casos el origen es el mismo, sufren iguales factores de riesgos y vulnerabilidad y viven en entornos donde la prevención está ausente y los factores protectores son mínimos.
Por tal razón es clave cómo va a operar la protección administrativa y el rol de los tribunales. En ambos se requiere de un abordaje más concreto y preciso, dar prioridad a evaluar y establecer los alcances de la protección administrativa y la jurisdicción cautelar en el sistema de protección. También es necesario abordar el financiamiento de los colaboradores de manera integral, orientándose a resultados y no sólo a coberturas y estándares de infraestructura y procesos.
La lógica de aumentar la subvención no resuelve por sí misma la calidad de la intervención, lo hemos visto con los diagnósticos ambulatorios, que en los últimos 2 años han aumentado significativamente sus recursos y, sin embargo, subsisten deficiencias técnicas. Por ello se debe apuntar a definir objetivos de intervención, establecer métricas y pagar según el cumplimiento de dichos objetivos.
Por último, es valorable el sistema de alerta temprana en tanto se sostenga en un enfoque preventivo, basado en la evidencia y con un abordaje efectivo sobre los factores de riesgo que afectan el desarrollo positivo de los niños. Para implementarlo, es necesario fortalecer la red local, capacitar preventivamente a cada uno de los actores y establecer un soporte que permita contar con la información actualizada con datos homogéneos y oportunos.
Un sistema de esta naturaleza debe estar articulado con la sociedad civil, ella es fuente de información y de acción en las fronteras donde habitualmente no llega el Estado. De allí que entendiendo las limitaciones básicas de los gobiernos locales deben promoverse modelos comunitarios que activen las redes de infancia y a las organizaciones de base dándole sustentabilidad a un procedimiento de esta naturaleza.
Queda bastante por aterrizar respecto a las medidas del Acuerdo por la Infancia, pero es un excelente desafío al que todos debemos sentirnos convocados a colaborar, con todas nuestras capacidades y con el sentido de urgencia tantas veces olvidado.
Marcelo Sánchez
Fundación San Carlos de Maipo