Señor Director:
Al cruzar el puente Juan Pablo II hacia San Pedro de la Paz, por más de dos semanas, es posible observar a enormes retroexcavadoras medio sumergidas en el agua de nuestro río Bío Bío amontonando cerros de arena.
Extraño resulta que dicha actividad se realice sospechosamente de noche, ya por el alto riesgo que implica trabajar en el lecho del río, ya porque, precisamente, los organismos fiscalizadores no trabajan a esas horas. Esta suspicacia se valida pues, al revisar la página del Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental no es posible encontrar alguna Resolución de Calificación Ambiental o Proyecto que respalde dicha frenética explotación, a pesar que la Ley 19.300 sobre el Medio Ambiente, en su artículo 10, letra i), es claro en exigir su sometimiento al Seia, y en su artículo 11, letra b), obliga a un estudio de impacto ambiental a aquellos proyectos que causaren efectos adversos significativos sobre la cantidad y calidad de los recursos naturales renovables, incluidos el suelo y agua, tal como está ocurriendo.
Al usar retroexcavadoras y no draga, se están creando verdaderas piscinas que estancan el flujo de agua alterando el nivel freático sino que, a su vez, no permite la ruptura de la barra en la desembocadura y se dan las condiciones propicias para la proliferación de zancudos. En su conjunto, se está acelerando el proceso de embancamiento del río Bío Bío, sin mencionar el daño producto de los rellenos de escombros y arcilla de los caminos que se construyen sobre él.
Ciertamente que la Municipalidad de San Pedro no fiscaliza ni lo hará por cuanto es parte interesada al recibir suculentos pagos por cada metro cúbico de extracción. Empero sí se confía en la Superintendencia de Medio Ambiente para que investigue, detenga la explotación, califique el daño ambiental como gravísimo e irreparable, aplicando la máxima multa establecida de 10.000 UTA, equivalente a 500 millones de pesos y resulte ejemplificadora a todas las empresas extractoras de arena.
Arnold Schirmer Prieto