La agrupación de médicos extranjeros denunció el despido masivo de profesionales en centros privados como consecuencia de un cambio en la normativa por parte de la Superintendencia de Salud. Esto plantea dos preguntas: ¿se estaba autorizando ilegalmente el ejercicio de la profesión a estos médicos? o ¿la autoridad cambió su criterio de interpretación de la Ley?
Esto refleja que falta decisión para resolver un problema que se arrastra desde hace años. El Eunacom fue diseñado por las Facultades de Medicina para autoevaluar la calidad de la formación que otorgaban a sus egresados. Posteriormente, por decisión parlamentaria, se la agrega otra función: habilitar para el ejercicio de la profesión médica en el sector público.
El problema surge cuando algunos profesionales formados en el extranjero reprueban el examen. En circunstancia que una proporción importante se desempeñan en la Atención Primaria y al no ser habilitados para ejercer su profesión, se desencadena una compleja situación para los servicios afectados.
Surgen entonces presiones para “modificar” el Eunacom e incluso suprimirlo. Cuando la solución pasa por separar las funciones de evaluación de la calidad que requieren las Facultades de Medicina, de la función de habilitación para el ejercicio profesional, que debe ser definida por el Ministerio de Salud, no sólo para el sector público, sino también para el privado.
Adicionalmente, se podría establecer “habilitaciones sectoriales”, dado que los requerimientos para ejercer en los ámbitos de la profesión son muy heterogéneos.
Parece poco razonable cambiar el criterio que había regido a la Superintendencia, dado que no hay evidencias de daños para la población, y no parece justo afectar abruptamente un grupo valioso de profesionales y los pacientes a quienes atienden.
Manuel José Irarrázaval Llona
Director de IPSUSS, Universidad San Sebastián