Señor Director:
Los resultados entregados por el Centro de Estudios de Conflictos y Cohesión Social, que revelan que el 76% de los chilenos justifica las detenciones ciudadanas y las golpizas a delincuentes, es un síntoma que como país no puede dejarnos indiferente. Si bien reflejan la gran impotencia y frustración de la gente frente a la delincuencia y la respuesta de la justicia penal, en ningún caso se justifica iniciar o participar de esta modalidad.
Hay consecuencias graves asociadas a este tipo de detenciones. Así, un detenido puede sufrir castigos desproporcionales respecto al delito cometido, la víctima puede pasar a convertirse en victimario, incluso con una responsabilidad penal mayor a la del detenido. Por lo demás, debido en parte a la exaltación colectiva, hay riesgos de equivocarse de infractor, asignando un ilícito a quien no lo ha cometido, recayendo así la detención y la rabia de los ciudadanos en alguien inocente.
El impacto que tienen las detenciones en los ciudadanos es significativo y si consideramos que Chile no tiene una delincuencia desatada, pero sí un alta concentración de delitos contra la propiedad en zonas urbanas, en Alto, como entidad que trabaja en el combate de la delincuencia, promovemos una mayor educación cívica a la población, con el fin de que todos comprendamos la lógica del proceso penal y contribuyamos mediante propuestas concretas su mejoramiento.
A la vez, sabemos que es fundamental comunicar los resultados legales exitosos, especialmente a denunciantes, víctimas y testigos, para que las personas se enteren de que un delito tuvo consecuencias y que su denuncia y testimonio fue clave y primordial.
Sebastián Valenzuela
Gerente Legal ALTO Chile