En cadena nacional, el Mandatario dio a conocer una serie iniciativas que deberán ser votadas en el Congreso y otras de aplicación inmediata. Al mismo tiempo, el Jefe de Estado defendió la labor de las Fuerzas Armadas.
En tiempos de crisis social, la literatura explica que existen cuatro posibles caminos de salida, comentó el director del Centro de Estudios Regionales Aplicados de la Universidad de Concepción (Creasur), Esteban Valenzuela: Represión, revolución, un pacto para pequeñas mejoras continuas al modelo y reformas significativas y descentralizadas.
Agregó que los dos primeros escenarios son menos posibles (“hasta el jefe del Ejército le paró los carros a Piñera”, dijo), por lo tanto, en su opinión, las últimas dos son las más viables para salir de la crisis. Aunque recalcó que con pequeñas mejoras se “podía quedar corto”.
Y, bueno, eso está por verse, pues tras una nueva jornada de manifestaciones (particular fue el momento del “cacerolazo” que partió a las 20 horas), el Presidente Sebastián Piñera se dirigió al país, para anunciar una agenda social que contiene una serie medidas que requerirán de discusión parlamentaria, pero también otras de aplicación inmediata, según dijo.
Ya avanzada su alocución, tras una férrea defensa de lo efectuado por las Fuerzas Armadas y de Orden “en el control de la violencia” de los últimos días, el Jefe de Estado pidió perdón a los chilenos y chilenas por su “falta de visión”. No obstante, argumentó que los problemas de desigualdad se vienen arrastrando desde hace años y no eran sólo tenor de la actual administración.
“Esta agenda social no va a solucionar todos los problemas que tenemos, pero es un esfuerzo grande”, dijo Piñera, transcurridos algunos minutos de su mensaje al país.
El Mandatario comprometió un aumento en las pensiones solidarias de un 20%; un ingreso mínimo garantizado de $350 mil para los chilenos (beneficio que se aplicará a menores de 18 años y mayores de 60 años de forma proporcional); el envío de un proyecto de ley para la creación de un seguro catastrófico de enfermedades; otro para la aplicación de un impuesto global complementario para quienes perciban sueldos superiores a los $8 millones; modificaciones al Fondo Común Municipal para que los municipios con más carencias reciben mayor cantidad de recursos; la creación de dos nuevas entidades que reemplazarán al actual Sename, entre otras medidas.
También aludió a una iniciativa de ley para reducir la dieta parlamentaria y los sueldos más altos del aparato del Estado. Sobre este tema en particular, durante la mañana, la comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara, había aprobado en general un proyecto en la misma dirección.
Al mismo tiempo, la instancia parlamentaria había hecho un llamado al Senado para que tramite una reforma que limita la reelección de los congresistas, iniciativa que ya había sido aprobada en la Cámara el 2012. El Presidente aludió a una iniciativa parecida.
El Jefe de Estado también se refirió al estado de excepción existente en el país y a la petición efectuado por los partidos opositores para que lo deponga. Si bien manifestó que ese era también su deseo (“todos lo queremos”), sostuvo que no lo hará hasta que “tenga seguridad” del retorno de la paz social.
Pero eso no fue el único punto que no consideró Piñera tras su reunión con los timoneles de la DC, el PPD y el PR (los del PS y partidos del Frente Amplio se restaron de la cita). También obvió la petición de retirar la iniciativa de reintegración tributaria que, en voces de la oposición, sólo beneficia al 1% más rico del país.
“Es básico que saque tres o cuatro ministros que han ofendido seriamente a la ciudadanía. Además, se requiere de ministros de Interior y Hacienda que crean en romper con el veto de los grandes grupos económicos, en rentas regionales, que le permita a Piñera volver del centro y terminar con este giro a la derecha que ha tenido en su segundo gobierno”, había manifestado más temprano Valenzuela.
De hecho, en el día se especuló con la salida de tres ministros (se hablaba de los representantes de Interior, Economía y Transporte), sin embargo, ello no ocurrió.
El cambio de los secretarios de Estado era resistido por los “representantes más duros” del oficialismo, dijo una fuente.
Habrá que ver si con este anuncio es suficiente para que de a poco se vayan deponiendo las marchas. Valenzuela, por cierto, ya había advertido que era necesario dar un paso más reformista, una nueva constitución, por ejemplo.
Incluso, a través de una declaración pública, el diputado del Distrito 20, Leonidas Romero, se había manifestado abierto a debatir. Dijo estar “disponible para discutir responsablemente un cambio a la Constitución Política del Estado, pues es necesario, pero no en forma apurada, sino con responsabilidad y buena voluntad”.
En días previos, algunos representantes políticos ya habían apuntado a la necesidad de un acuerdo nacional de gobernabilidad.
“Un plan de superación de la desigualdad implica renunciar al presupuesto presentado al Congreso para el 2020. Ese presupuesto está obsoleto, no contiene ningún elemento en esa dirección, pues esta es estructural”, aportó el senador del PRO, Alejandro Navarro.
Y mientras el representante del Partido Ecologista Verde, Félix González, manifestaba que “lo mínimo que podemos es generar una situación que no sea de agobio para la ciudadanía”, la diputada del Distrito 21, Joanna Pérez (DC), decía que hay que “repriorizar la agenda y ceder todos”.