Política

Sename... ¡Nunca más!

Por: Luz María Astorga | 16 de Julio 2017
Fotografía: Carolina Echagüe M.

No servirán leyes ni mayores recursos. Menos aún, discursos, disculpas o eufemismos… La política, los operadores, los uncionarios contratados con fines partidistas, la desidia, indolencia e ineficiencia mataron al servicio que debió proteger a los niños más desprotegidos de Chile. Y mataron, también, a miles de menores. Por algo en las poblaciones pobres, incluso las que están bajo dominio narco, las escuelas prefieren no informar los casos de niños vulnerables porque los tribunales de familia los mandarían a un centro Sename y eso, dicen, “sí que sería peor”.

U$320 millones anuales se destinan al Servicio Nacional de Menores, Sename, para proteger y velar por los derechos de los niños más desposeídos.

De vuelta, lo que Chile recibe es un bolsón de dudas, cargado de datos negros, muerte y miseria, matizado con la idea-esperanza de que al menos algunos de los casi 400 centros a lo largo del país funcionan más o menos bien.

Poco o nada sabemos de qué sucede puertas adentro.

Ya es oficial que entre 2005 y 2016 al menos murieron 1.313 menores, que solo se estableció la causa de 23 a quienes se hizo autopsia y que se desconoce el estado de los “sobrevivientes”. Y esto tampoco lo sabríamos si no hubiese muerto a fines de 2015 Lysette Villa, a los 11 años, asfixiada luego de sus cuidadoras la aplastaran para “contenerla”.

Por ésa y otras aberraciones, hoy los ojos de muchos están sobre el servicio.

Lo que se ve: las autoridades se defienden como gato de espalda; los parlamentarios piden investigar y después rechazan el resultado de un informe escalofriante; un par de candidatos a la presidencia abordan el escándalo y sugieren soluciones, expertos acusan indolencia y actores claves… no dicen ni pío.

Los jueces, para empezar. El Sename depende del Ministerio de Justicia y son los Tribunales de Familia quienes revisan los casos de menores vulnerables y los asignan a algún centro (hoy, el 96% es atendido por privados). En la nebulosa de la Justicia, en 2013 la jueza Mónica Jeldres en equipo con otras cuatro magistradas hicieron historia con un estremecedor informe de la situación a lo largo de Chile y la Unicef pidió al Poder Judicial intervenir en los hogares con problemas. Luego, vino el silencio.

Tampoco ha dicho nada la Iglesia, pese a que se anota entre las tres instituciones que más dinero reciben del Estado para sus centros (25), solo superada por el Consejo de Defensa del Niño y Fundación Mí Casa. “Tienen tejado de vidrio”, dice el abogado Juan Pablo Hermosilla.

Sin filtro

Y menos todavía hemos escuchado explicaciones de políticos o familiares de políticos vinculados a instituciones donde trabajan ad honorem, como dice que lo hace Tomás Walker en Fundación Rodelillo (del clan Walker); o como José Pedro Silva, asesor de Justicia en el gobierno de Piñera, en el Consejo de Defensa del Niño; o Enrique Correa, de Imaginacción, que integra el directorio de Fundación Mi Casa, donde está Delia del Gatto, ex directora del Sename…

La lista es larga y cada vez que el diputado (i) René Saffirio la recuerda, llueven reclamos y desmentidos porque, aunque esté ultra dicho, el mundo político todavía pretende tapar con palabras un hecho evidente: tal como otros servicios públicos, hace años que el Sename está capturado por la política. Que ahí se tejieron redes enmarañadas, que campean operadores políticos y que lo más probable entre lo probable es que buena parte de los recursos vayan a parar a la política.

El voucher, lo que el Estado asigna por cada menor atendido en los centros, es de $200 mil mensuales, la tercera parte de lo que se destina a un preso. Pero, claro, un niño con patología siquiátrica, un adicto a las drogas que delinque desde temprana edad como Cristóbal, el Cisarro, requiere un par de millones mensuales para tratamiento, según José Garrido, académico de Teoría Política y Ética del Centro de Políticas Públicas de la UDD. Y, por supuesto, el Gobierno dice que no existe caja para financiar esto.

“No es cierto que no haya plata, lo que pasa es que se usa para otros fines”, dice el abogado Juan Pablo Hermosilla, abogado de víctimas de abuso sexual dentro de la Iglesia.

-En términos realistas, en año electoral, ¿cómo se sale de los discursos y disculpas? ¿Cómo se libera al Sename de la captura política, cómo cambiar operadores políticos por personal técnico? Hay poderes, partidos, intereses…

Hermosilla no lo piensa ni un segundo:

-Con moral, con ética y con fuerza ciudadana. ¡Esto se acabó! Soy partidario, a estas alturas se prohibir la contratación de militantes de cualquier partido. Es tan grave que el Sename esté manejado con criterio político en lugar de técnico, si esto es un área tan sensible… Militantes fuera. Gente capacitada, de derecha o izquierda da lo mismo. Que además de sus conocimientos, tenga vocación.

Garrido lo ve más complicado:

-Existen incentivos para que el sistema sea capturado por intereses, sindicatos… el sistema en su globalidad no funciona, hay violación de derechos humanos y un grave error conceptual: se redujo el Estado Subsidiario a la entrega de un voucher, pero aquí estamos hablando de instituciones que deben administrar justicia, no es como poner un colegio o una clínica. Estamos hablando de niños vulnerados en sus derechos y el Estado está encomendado por la Constitución, su obligación es proteger, por tanto, el sistema debe estar regulado. Y no lo está.

A esto se suma, como ha dicho la orientadora y ex directora regional del Sename (Bío Bío), Jessica Flores, que “la desidia se ha apoderado del Estado; desidia en contra de los niños que no existen porque no votan”.

Y la crisis, declaró otro ex directivo, el abogado Robert Contreras, se agudizó por poner en cargos importantes a personas sin experiencia.

Cristián Araya, funcionario del servicio, declaró en 2016:

“Las autoridades no han sido capaces de entender que es un servicio técnico; predominan los partidos que tienen capturadas cada una de las regiones y se reparten cuotas de poder”.

En ese afán, el Estado viola tratados internacionales.

Amargo silencio

En medio del desastre -mientras el candidato Piñera argumenta que en su gobierno mandó una ley para mejorar el Sename que aún no se aprueba y La Moneda refuta pidiendo que Chile Vamos apruebe las leyes (9) hoy en el Parlamento-, otros hablan en serio. Hay pesimistas suponiendo que pasadas unas semanas el tema “desaparecerá” de la pauta una vez más; hay indignados que planean organizarse y hacer visitas de supervisión a los centros; académicos escépticos incluso frente a las “comisiones técnicas” porque vieron cómo se trabajó previo a la reforma educacional y luego “tiraron a la basura esos documentos para hacer algo completamente distinto”.

Están, también, los que esperan cambios en la Justicia. Un carabinero de Puerto Montt, a cargo de un equipo que en 2014 investigó una red de prostitución con menores de centros Sename, cuenta: “De los tres responsables, uno está fugado, otro tiene el proceso detenido y el tercero cumple 6 años y un día de cárcel efectiva. ¿Así se protegen a los niños?, ¿quién les dice algo a los jueces?”.

Benito Baranda, presidente fundador de América Solidaria:

Cree que hoy “se debe trabajar para que los programas existentes cuenten con las instalaciones, el personal idóneo y las metodologías adecuadas para apoyar dignamente a los menores… En paralelo, trabajar con suma urgencia en los proyectos de ley que ya están en el Congreso, para mejorarlos, financiarlos y aprobarlos. Es necesario que la ciudadanía y sus organizaciones sigan denunciando,  presionando y vigilando, ya que es fundamental que la rabia e indignación por lo que sucede nos movilice a todos”.

Dice que cuando el dolor es lejano y no toca a las instituciones de poder, se mantiene todo en un pesado y amargo silencio. Peor aún, agrega, cuando algunos han sido cómplices institucionales directos o por negligencia u omisiones en sus funciones y terminan ‘lavándose las manos’. “En medio de una sociedad que ha exacerbado el individualismo, la libertad individual por sobre el bienestar colectivo, ¿a quién le importan un puñado de niños abandonados que viene de familias difíciles?”.

Baranda habla de desmontar los círculos de poder y protección de quienes lo hacen mal, inyectar recursos y poner profesionales y técnicos suficientes y competentes.

Con el dedo donde duele pregunta:

– ¿De qué barrios vienen los niños más afectados y abandonados? ¿Qué familias de las que se quejan e indignan con estas situaciones estarían dispuestas a vivir al lado de estas otras o a educar a sus hijos en las mismas escuelas? ¿Quiere la ciudadanía financiar con sus impuestos estos centros y espacios de desarrollo de elevado costo? A mayor segregación y exclusión, mayor violencia. Y el origen de ésta es social-cultural y tiene como cómplice la acción del Estado. Los actores políticos en este ámbito son un reflejo de lo que la misma sociedad ha construido. Cabría preguntarse si existe una real voluntad ciudadana y política para la reforma y si estamos dispuestos como comunidad a trabajar por la inclusión y a financiar una nueva política.

Sanción a la vista

¿Lo que viene?

Hermosilla, sorprendido de ver que el Estado reacciona ante lo del Sename igual que la Iglesia frente a los abusos sexuales -“en vez de asumir y ponerte colorado desparraman responsabilidad hacia afuera”-, también piensa que desde la indignación la gente tiene que pedir explicaciones. “A los ministros de Justicia, a directores del Sename, a parlamentarios, al Poder Judicial… porque esta historia nos va a destruir. Al igual que en el tema de los abusos en la Iglesia, hay dos momentos clave: ¿por qué no paró los abusos si supo? y, luego, conocido el escándalo ¿cómo reaccionó?”.

En las dos cosas, dice, Estado y Gobierno están fallando.

Entre lo prioritario, el abogado está por erradicar el clientelismo y, de manera urgente, establecer un sistema de salud, con pediatras “que saquen los chinches” y con siquiatras.

Agrega:

-Esta cuestión habría que romperla como lo hicieron los aliados con los campos de concentración de los nazis. Debemos llevar a la población a ver los centros del Sename, porque que vayan las autoridades claramente no sirve.

En lo político, es un convencido la centroizquierda tendrá que responder por mantener este sistema porque, aunque hubo también un gobierno de derecha que no cambió las cosas, “y es grave que cualquier político no se preocupe de esto, en la izquierda resulta inaceptable. Algo se rompió en nuestra sociedad cuando murió Lysette, se inicia la investigación de la fiscalía y ni Estado ni Sename fueron capaces de decir cuántos niños habían muerto. No tenían la cifra. Imposible imaginar mayor desdén”.

Y anticipa:

-Es súper simple. Estamos tratando a nuestros niños como si fuéramos una sociedad primitiva. No una sociedad de derecho. Como hace 60 años, cuando el hombre era jefe de familia y legalmente podía pegarle a la mujer y a los hijos. Pero el Estado firmó la Convención de los Derechos del Niño, pero no se cumple. Entonces ahora el Poder Judicial, el Ejecutivo, el Legislativo y el Ministerio Público se ponen las pilas o esto rebalsa solo.

El texto que se firmó establece obligaciones no recomendaciones y acá tenemos plata para carabineros y radio patrullas pero no para pediatras y siquiatras de los más desposeídos. Si sigue así, esto pasará a organizaciones internacionales y vamos a ser condenados por violaciones a los derechos humanos en democracia. Eso le va a pegar a la Nueva Mayoría y a la derecha, seremos parias. Y el bochorno internacional nos va a dejar marcados para la historia.

¿Verdad y Reparación?

El rechazo de los diputados al Informe II del Caso Sename y el lobby de Gobierno para salvar a la ex ministra de Justicia, Javiera Blanco, de una acusación por negligencia inexcusable, resultó incendiario. El diputado (i) René Saffirio desnudó tanta miseria humana en Tolerancia Cero que, de seguro, muchos quedaron desvelados. Al día siguiente, la candidata DC Carolina Goic subió un video –acompañada de su jefe programático Eduardo Saffirio y del abogado Juan Pablo Hermosilla- para proponer una Comisión de Verdad y Reparación, a la que Piñera se sumó dos días más tarde. Al siguiente, entró en escena la Universidad de Chile –cátedra de Derechos Humanos- con una declaración en que la definen esta comisión como “urgente” y se ponen a disposición de la presidenta Bachelet.

Si existió la Comisión Valech, ¿por qué no ésta por los niños? “En este caso habrá que estudiar también el rol de los sindicatos y funcionarios, establecer qué ha pasado. Esto no puede seguir. Porque existiendo un informe no he sabido de alguna intervención en los centros que no están cumpliendo”, comenta el acadé- mico de la UDD José Garrido. Hermosilla agrega: “Apoyo todo lo que sea visibilizar.

Se requiere una investigación sobre estos graves casos de violación de derechos humanos cometidos por un Estado democrático. Uno solo puede mirarse al espejo y ponerse rojo cuando hay una comisión independiente, que sea capaz de mostrar la realidad de lo sucedido”

Sin anteojeras

“El problema hay que verlo y enfrentarlo antes de que llegue al Sename”, dice convencido José Garrido, académico de la Facultad de Gobierno de la UDD. Conocedor de los horrores del servicio, con un diagnóstico claro sobre el problema (“El Sename es la consecuencia no la causa”), pone el foco en todo lo que pasa antes de que un niño llegue ahí. Su mente sobrevuela de inmediato los lugares que conoce bien en la Región Metropolitana, donde hoy viven sobre 800 mil personas, gran parte de ellas sometidas a los narcos.

Son los barrios segregados, donde viven los descendientes de pobladores antes repartidos en “callampas” y casitas de material liviano en distintas comunas de las que fueron erradicados. “Los primeros traslados hacia zonas periféricas sin diseño urbano, se dio a fines de los 70. Después, en los 90, vino una segunda camada”. Los hijos y los hijos de esos hijos son los que hoy viven en medio de la violencia, del abuso, de las balaceras. “El otro día fui al funeral del Kevin, de 19 años, connotado personaje, había matado ya a dos policías, además de otra gente… lo acribillaron”.

Casi de inmediato Garrido recuerda otro caso, el de un niño de 11 años que le confesó –después de robar un auto y estar lleno de moretones- que se iba a “retirar”. No del colegio, sino del delito. “Si le cambiabas la voz, era un hombre de 50 años ya cansado, con ganas de jubilar”. En su trabajo en terreno ve, también, niñas de 13 años que ya tienen un par de hijos. “Son muy erotizadas y violentas, ya estamos viendo que les pegan a los hombres”, afirma. Todos ellos, continúa Garrido, son víctimas, no victimarios. Nacen y crecen en un ambiente hostil, violento. Muchos son niños vulnerados, abusados, con enfermedades mentales a raíz de eso, usan drogas. “Ése es el mapa. Y las escuelas municipales que son las únicas que los reciben, no tienen cómo hacerse cargo. No existe coordinación con Salud, ni programa de salud mental para ellos… no hay siquiátricos”.

Entonces las escuelas los reciben y según el grado de complejidad luego los “derivan” (echan), y así van de colegio en colegio. Pero la mayoría de los profesores prefiere no informar a los Tribunales de Familia. Si lo hacen, los menores serán enviados a un hogar del Sename y eso “sería mucho peor”.

Peor que vivir con madre alcohólica, con un padre metido en las drogas, que ser abusada en su casa… Garrido recuerda a una chica violada por su hermano cuyo caso fue informado a los tribunales. La asignaron a un hogar y, al poco tiempo, al mismo sitio, por haber delinquido, trajeron a su hermano… que continuó con las violaciones. A los 11 años, asegura Garrido, hay niños que entran al Sename después de cometer 30 delitos. A los 11 años también, dice, llegan menores drogadictos al Hospital Siquiátrico de la U. de Chile, pero no los reciben.

El destape de agosto

Esta semana, el Instituto Nacional de Derechos Humanos, INDH, que encabeza Branislav Marelic, aportó números y datos, como aperitivo a las conclusiones finales que entregará el próximo mes.

Entre enero y abril entrevistaron a 405 niños de 8 a 17 años representativos del 83% (171) de los centros Sename a nivel nacional. Además, se hizo una encuesta autoaplicada a 1.076 funcionarios de los Centros de Reparación Especializada de Administración Directa (CREAD) y de Organismos Colaboradores del Sename (OCAS).

Un par de cosas:

*Uno de cada 15 menores denunció ser víctima de abuso o explotación sexual al interior de un centro.

*Casi a mitad de los 405 niños (197) acusaron distintos tipos de vulneraciones.

Uno de cada 3, descuido negligente ( físico, educacional, atención médica y judicial),

Uno de cada 5, apremios ilegí- timos.

Uno de cada 7, maltrato mental y sicológico.

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