Manifestaron sus dudas con respecto a “que el proyecto no reconozca adecuadamente la historia y el rol público de nuestras universidades”.
Durante agosto, los rectores de las Universidades Públicas No Estatales G9 fueron invitados a exponer a la Comisión de Educación del Senado, sobre el proyecto de ley de Reforma a la Educación Superior (ES). En ese espacio, se manifestó su posición respecto a la necesidad de realizar una reforma que fortalezca y asegure la calidad del sistema de Educación Superior en Chile.
Mediante una declaración pública, firmada por Sergio Lavanchy, rector de la Universidad de Concepción; Christian Schmitz, rector de la Universidad Católica de la Santísima Concepción; Darcy Fuenzalida, presidente del G9 y rector de la Universidad Técnica Federico Santa María; Óscar Galindo, vicepresidente del G9, rector de la Universidad Austral de Chile; Jorge Tabilo, vicepresidente G9. Rector de la Universidad Católica del Norte; Ignacio Sánchez, rector de la Pontificia Universidad Católica de Chile; Claudio Elórtegui, rector de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso; Diego Durán, rector de la Universidad Católica del Maule y Aliro Bórquez, rector de la Universidad Católica de Temuco, el G9 puntualizó que hay aspectos claves que merecen ser reconsiderados por el Senado y reformulados en el proyecto de ley.
“Nos preocupa que el proyecto no reconozca adecuadamente la historia y el rol público de nuestras universidades, las que forman parte del Cruch desde su origen, y que se caracterizan por su aporte a la sociedad: creación de nuevo conocimiento, formación de personas e inclusión de estudiantes vulnerables meritorios, innovación, y desarrollo económico, social y cultural del país. En su actual estado el proyecto no valora la provisión mixta ni la diversidad del sistema de educación superior”.
La declaración continúa y asehuras que “nuestras instituciones se caracterizan por su calidad, generando aproximadamente el 50% de la investigación del país, y destacándose en rankings nacionales e internacionales, como Times Higher Education que ha distinguido, este año, a cinco de las instituciones del G9 entre las 25 mejores de América Latina; y el ranking de Shanghai en el que dos universidades de la red ocupan lugares destacados a nivel mundial”.
Precisa que comparten la creación de la Subsecretaría de Educación y la Superintendencia. Sin embargo, afirman que la sobrerregulación de la Subsecretaría, que toma a cargo el sistema de admisión, aranceles y cupos, junto con el exceso de atribuciones de la Superintendencia, amenazan la autonomía y eficiencia universitaria, coartando el desarrollo de su misión y aporte a los territorios donde se emplazan. Asimismo, el sistema de aseguramiento de calidad presenta aún problemas que es necesario corregir.
“Además, se requiere incorporar cambios que reconozcan la naturaleza e institucionalidad de nuestras universidades, debido a que regula de la misma forma a universidades tradicionales y a aquellas privadas creadas con posterioridad al año 1981. En particular, no se puede desconocer la excelencia que han alcanzado las universidades de Concepción, Federico Santa María y Austral de Chile, en gran medida gracias a la estructura institucional generada por sus comunidades”.
El texto puntualiza que ocho de las universidades del G9 se ubican en regiones, y son claves en el desarrollo científico, cultural y económico de sus comunidades. Por esta razón, es motivo de preocupación que persista la omisión al estímulo explícito al desarrollo de las universidades regionales, perdiendo la oportunidad para impulsar políticas de descentralización y equilibrio territorial.
“Respecto al financiamiento, la política de gratuidad debe plantear una fórmula más equilibrada que permita financiar adecuadamente el costo de la formación de pregrado considerando la duración real de las carreras. Financiar sólo la duración nominal afectará a los estudiantes y la calidad de las instituciones”, dice la declaración.
Los rectores aseguran que otro aspecto que debe ser corregido es la incorporación del Fondo Basal por Desempeño a la ley, al igual que el Convenio Marco que contribuye al financiamiento de las universidades estatales. Esta omisión injustificada sólo reitera el desconocimiento del rol que nuestras universidades históricamente han realizado en forma equivalente a todas las universidades del Cruch.
“Es fundamental que en la discusión que sigue en la Comisión de Educación del Senado, los parlamentarios consideren las observaciones propuestas y las incorporen en el proyecto, ya que se corre el riesgo de legislar apresuradamente, y que la reforma no responda en su totalidad a la necesidad de potenciar y mejorar el sistema de Educación Superior del país”.