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Expertos llevan al banquillo la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente

Por: Carolina Abello | 17 de Junio 2017
Fotografía: Carolina Echagúe M.

Aunque todos coinciden en que es positivo que exista un marco legal sólo para ellos, insistieron en que falta mucho para la real especialización del sistema y que para que se logre la real rehabilitación e reinserción de los menores.

El 8 de junio de 2007 entró en vigencia la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, lo que dotó al país de un cuerpo legal especial para los menores infractores de ley.

A 10 años de este hito, quienes intervienen en el sistema a valoraron la existencia de esta norma, pero aseguraron que faltan muchos pasos para que este sistema sea realmente especializado y que cumpla el objetivo para el que fue creado: lograr que los adolescentes que violan las leyes logren rehabilitarse en la sociedad y en sus comunidades.

Para el defensor regional, Osvaldo Pizarro, lo positivo de estos 10 años es la existencia de esta ley, “que establezca sanciones, que éstas tengan como orientación el interés superior del adolescente como un mandato y que todas estas sanciones tengan como objetivo la reinserción y la rehabilitación de los adolescentes infractores de ley, por lo que tiene la obligación de establecer intervinientes especializados y que conozcan estas causas”. También destacó que exista un catalogo de sanciones especiales para los adolescentes. 

Sin embargo, más allá de la existencia de la ley, precisó que el sistema tiene tres falencias que impiden su correcto funcionamiento.

“A 10 años, aún no hay una total especialización de todos los intervinientes del sistema, sino que únicamente existen defensores especializados de la Defensoría Penal Pública, quienes cubren el 70% de la demanda de causas de adolescentes en la Región. Sin embargo, no hay ni jueces ni fiscales especializados para atender estas causas”.

Agregó que, según también han detectado los informes de la Comisión Interinstitucional de Supervisión de los Centros Privativos de Libertad de Adolescentes, faltan capacitaciones específicas en los operadores de los programas de intervención, “como los profesionales y educadores de trato directo del Centro de Internación Provisoria y Centro de Régimen Cerrado del Sename. Falta una especialización por parte de ellos, en el ámbito de la ejecución de sanciones y medidas cautelares”.

Y agregó que “falta resolver el tema de los adultos que tienen una sanción de adolescentes y que cumplen las sanciones cuando ya perdieron todo su objetivo”. Esto en casos donde se dictan las condenas cuando ya son mayores de edad.

En cuanto a infraestructura, el abogado recordó que en la Región apenas hay un centro semicerrado y uno cerrado para menores. “Hay una falencia importante, considerando que esta región tiene 14 recintos penitenciarios privativos de libertad para adultos, lo que hace que cualquier adolescente que es objeto de estas sanciones sufre un desarraigo social y familiar del lugar donde habita”.

Lo que hace falta

La psicóloga Karina Zuchel, directora técnica nacional y el sociólogo Nelson Villagrán, jefe de la dirección de Investigación Innovación y Desarrollo, ambos de la Fundación Tierra de Esperanza, conocen a fondo el tema, pues se dedican a trabajar con menores infractores de ley.

Ambos concordaron en que, pese a sus falencias, es positivo que haya un cuerpo legal especial para los menores de edad.

“Creo que fue un acierto haber instalado esta ley, porque antes no había un debido proceso para ellos. Hoy tienen derecho a la defensa y esto se acerca más a lo que nos piden los convenios internacionales. Pero nos queda muchísimo para decir que es un sistema especializado”, dijo la sicóloga.

El sociólogo recordó que el adolescente “requiere otra mirada, no la del infractor de ley adulto. Y lo que más hace falta es una especialización, y con eso no me refiero a aprendernos la ley, sino que saber qué significa trabajar hoy con adolescentes, cómo es trabajar con ellos en un país como el nuestro, y eso tienen que hacerlo todos quienes trabajamos con ellos”.

Zuchel insistió en que no basta con el criterio jurídico, ya que ellos están en un proceso evolutivo. “Es decir, hay que hacer un acompañamiento con ellos, para explicarles las consecuencias de su conducta, para que dejen de consumir drogas o alcohol. Eso tiene que hacerlo con alguien, y eso hoy no existe. Hay salidas alternativas, pero son subutilizadas porque se considera que es agravar la situación del adolescente si le decimos que vaya a un programa terapéutico”. Esto, porque según la profesional, hay abogados que creen que no se puede obligar a los adolescentes a llegar a un proceso terapéutico, como medida de prevención, para que así no lleguen a cometer delitos más graves que los lleven a terminar en la cárcel.

Villagrán explicó que en resumen, el cambio del sistema penal fue sólo bajar en un grado las penas para los menores en comparación a los adultos. “Y la disputa es entre Fiscalía y Defensoría, y no se piensa en la sanción más idónea para cada chiquillo”.

Esto, porque hay distintos tipos de adolescentes, según el sociólogo: “Hay chiquillos que tienen una escalada de delitos por consumo de sustancias, por deserción escolar, o por querer las zapatillas que usa Alexis Sánchez, pero hay otros que no han sido nunca sancionados, como un adolescente que no tiene por dónde convertirse en un infractor de ley, pero va a una fiesta y tiene una pelea en la que mata a alguien. Ese niño, que no tiene ningún riesgo criminógeno, termina cinco años preso”.

El profesional reveló que esto ocurre porque el 75% de los varones adolescentes en Chile comete delitos, como hurtos, manejar sin licencia, destruir propiedad pública o privada o riñas y peleas.

Karina Zuchel agregó que lo que hace falta es que se garanticen los derechos de los adolescentes, como la educación y la salud, “entonces este sistema lo condena, por ejemplo, a Libertad Asistida Especial, pero para su delegado a cargo es complejo conseguir cupos para que termine el colegio, capacitación laboral o trabajo. “Eso no está garantizado y no existe una articulación entre los distintos actores para conseguir eso. Entonces es sólo la gestión del caso a caso”.

Sólo está garantizado el acceso a un programa antidrogas, pero que también está subutilizado, según la experta. “Y ahora nos dimos cuenta de que hay chicos que son condenados por abuso sexual, y que en su vida también fueron abusados, y no hay programas en los que ellos puedan hacer su propia terapia, para entender que así como lo dañaron a él, él está dañando a otros”, finalizó Zuchel.

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