Ayer se realizó una reunión en el municipio de Curanilahue donde no se llegó a un acuerdo. Uno de los manifestantes fue llevado al hospital por su delicado estado al cumplirse una semana a 600 metros bajo tierra. Personal del hospital hizo una inspección, revelando condiciones extremas.
Ayer se realizó una reunión en el municipio de Curanilahue donde no se llegó a un acuerdo. Uno de los manifestantes fue llevado al hospital por su delicado estado al cumplirse una semana a 600 metros bajo tierra. Personal del hospital hizo una inspección, revelando condiciones extremas.
Felipe Placencia Soto
felipe.placencia@diarioconcepcion.cl
En medio de condiciones extremas, 10 de los 70 ex mineros de Santa Ana que se encuentran protestando a 600 metros bajo tierra iniciaron a contar de la madrugada del lunes una huelga de hambre indefinida, radicalizando aún más la movilización que ya cumplió una semana. Al no ver resultados en las conversaciones con el Gobierno Regional para adquirir la mina a carbón y darle continuidad a sus fuentes laborales, los dirigentes anunciaron que el próximo paso es ser escuchados directamente en La Moneda por la Presidenta Michelle Bachelet.
"Queremos que la Presidenta intervenga en este conflicto antes que se arme un problema social más grande. Me conversaban unos dirigentes sociales de Curanilahue que ellos están esperando que les avisemos. No queremos llegar a los extremos con este tema", advirtió el secretario de los ex mineros de Santa Ana, Addiel Jara, tras finalizar un concejo en dependencias de la municipalidad.
Allí también se sentó en la mesa el presidente de los ex trabajadores, Luis Chandía; el senador Alejandro Navarro, el seremi de Minería, Lautaro Benítez, el alcalde Luis Gengnagel y miembros del concejo.
"No sé llegó a ningún acuerdo, por que los dirigentes tampoco quieren conversar con ninguna autoridad regional. Ven que éstos últimos no tienen ninguna intención de buscar una solución y ayudar. La idea es llegar a Santiago de alguna forma si es que se consigue una entrevista con la Presidenta de la República, a ese nivel, para ver qué podemos hacer", dijo el alcalde Gengnagel.
El seremi de Minería, Lautaro Benítez indicó nuevamente que la señal que se espera es que depongan la toma y reiteró que el Estado no tiene las facultades técnicas ni legales para operar la mina como lo exigen los mineros.
El alcalde Luis Gengnagel enfatizó que si bien entiende la postura del seremi Benítez, llamó a que el Gobierno atienda el conflicto.
"Les quedaron debiendo (la empresa) imposiciones, los sueldos y después se hizo un programa de ayuda social de mantención, de capacitación en que se le pagaron 400 mil pesos mensuales por cursos. Se cortó en el mes de octubre y no ha recibido más sueldos desde ahí, porque Contraloría también objetó las platas que aprobó el Consejo Regional", subrayó Gengnagel.
El seremi de Minería Lautaro Benítez, ha señalado anteriormente a Diario Concepción que el Gobierno Regional ha cumplido con los protocolos, en donde han invertido a la fecha $ 2 mil 360 millones, independiente de los dineros suspendidos en Contraloría General de la República.
De acuerdo a los dirigentes, lo que se busca es el financiamiento para tener el control de la mina hoy tasada en $500 millones, algo que no se ha concretado con la negativa del Banco Estado, pese a los esfuerzos realizados por el ex seremi de Hacienda, Renzo Galgani.
Condiciones extremas
Durante el día lunes personal del hospital de Curanilahue, pertenecientes al Servicio de Salud Arauco, llegó hasta la mina Santa Ana para revisar el estado de salud. Algunos ya estaban en huelga de hambre. Es así como un grupo de 20 a 30 fue atendido en las profundidades.
"Tuvimos que bajar a la mina, ya que no estuvieron dispuestos a salir de ella. Se constató de una situación más compleja. Cinco personas estaban en situación de huelga de hambre de hace días. Hay algún deterioro visible. Hay un tema de salubridad complicado. Hay presencia de ratas y las letrinas ( baños) no están siendo evacuados diariamente. Hay problemas de mal dormir y hay también un ánimo mental complicado", detalló el director del Hospital de Curanilahue, Sergio González Méndez.
Es por ello que se pidió que los mineros suban a una cota cercana a la superficie para poder seguir haciendo evaluaciones en el transcurso de estos días.
"Hay un plazo de dos años que dicta la ley para el proceso de quiebra. Si no se logra una compra-venta se debe vender la mina por partes", aclaró el coordinador regional de la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento, Alejandro Elgueta.