El incumplimiento por parte de los ciudadanos de las medidas impuestas, derivado, en parte, de la falta de legitimidad de la clase política antes referida, obliga a que sean los tribunales quienes deban sancionar cuestiones que, en una sociedad en la cual las personas actuaran en forma socialmente responsables, no debieran nunca llegar en forma masiva al conocimiento de un tribunal.