Según el artículo 1° de la Constitución, el Estado está al servicio de la persona y su finalidad es el bien común. Este mandato no puede reducirse a reaccionar ante la catástrofe, sino que exige una planificación fundada en el diálogo previo y el conocimiento profundo del territorio.
Busca fortalecer la prevención y mitigación de siniestros forestales y rurales, a partir de un marco regulatorio orientado a anticipar estos eventos y reducir su impacto sobre personas, bienes, infraestructura y el medioambiente.
El reciente megaincendio aumentó la necesidad de contar con plataformas permanentes y respaldo satelital, como lo fue en el caso de Penco y Tomé.
La suma de reformas parciales, normas muy detallistas e interpretaciones administrativas cambiantes ha llevado a que muchas decisiones terminen en tribunales y se debilite la autoridad técnica.
