La iniciativa contempla 50 comunas priorizadas a lo largo del país, elegidas en base a criterios vinculados a hechos delictivos, de violencia, o situaciones de connotación social pública, con información de la Subsecretaría de Prevención del Delito y la Superintendencia de Educación.

Problemas como la negligencia parental y la falta de acceso a salud mental, según dirigentes gremiales de la Educación son las principales causas de la violencia.