Problemas como la negligencia parental y la falta de acceso a salud mental, según dirigentes gremiales de la Educación son las principales causas de la violencia.
Puesto el foco en la violencia escolar, dado el dramático caso del joven fallecido en Lota, el Colegio de Profesores de la Región del Biobío da la alerta en diferentes incidentes que se han dado en la materia en la zona.
El presidente del magisterio en Biobío, Jorge Barriga, estableció que el caso de Lota no es el único que se ha dado en las últimas semanas en la Región. Mencionó que “en Nacimiento ocurre una situación bastante grave, donde toda una comunidad educativa está asustada por amenazas. No se puede trabajar en esas condiciones, se llegó a acuerdos con las autoridades y esperemos que se cumplan. Estamos atentos a eso, estuve hablando con la presidenta comunal y estamos trabajando en eso”.
A este caso, se suman problemas de violencia en Concepción, Tomé, enumeró Barriga y ejemplificó que “en Santa Juana, nuestro presidente comunal recibió un golpe, al separar una pelea de dos niñas. Sentimos que en este momento que como Región del Biobío estamos siendo el centro de la violencia escolar y eso nos preocupa muchísimo”.
En el intento por tratar de explicar esta seguidilla de eventos de violencia al interior de colegios, Barriga comentó que han conversado esto con directores y colegas, concluyendo que es el reflejo de lo que está viviendo la sociedad. “Hoy por hoy estamos viviendo una sociedad sumamente violenta, que por cualquier cosa termina en agresión y la escuela se está replicando, lamentablemente”, apuntó.
Además de la iniciativa de ley como la Ley Katherine Yoma, existen varios puntos que los dirigentes de profesores manifiestan son necesarios de resolver. “Lo primero es fortalecer el equipo de convivencia escolar. Lamentablemente, muchos sostenedores no cumplen”, detalló Barriga y comentó que esa es una debilidad que tiene el sistema.
En cuanto a la idea de instalar sistema de detección de metales a la entrada de los colegios, manifestó que la Superintendencia de Educación fue clara en el aspecto legal, y que más allá de comprenderse como una decisión de denota desesperación, buscando inmediatez, no la observa como una buena iniciativa considerando casos como Estados Unidos en dónde se instalaron éstos y todos los años hay balaceras de todas formas.
La familia y los apoderados son parte fundamental en este problema, según el profesorado. “Hay muchos apoderados que ven a la escuela como una guardería, ahí dejan a los hijos por un par de horas y nada más (…) Cada vez hay un menor porcentaje de asistencia a las reuniones de apoderados, es un dato objetivo. Sí, hay un desinterés de parte del apoderado, no de todos obviamente, pero cada vez es mayor”, apuntó el presidente del Colegio de Profesores de la Región del Biobío.
En el Liceo Municipal de Nacimiento, también durante las últimas semanas se suscitó una situación que para los trabajadores del establecimiento hizo insostenible la continuación de las clases por lo que se realizó una paralización.
Según Olaya Luengo, presidenta Comunal Nacimiento del Colegio de Profesores, de la matrícula de 970 estudiantes, hay 26 estudiantes disruptivos. Los que ejercen violencia entre ellos, hacia profesores y asistentes de la educación. “Amenazan a los profesores, entran a clase en condiciones no favorables, no dejan hacer clase”, comentó.
A raíz de esta situación a través del Colegio de Profesores se coordinaron las acciones para convocar a una reunión dónde estuvo presente el alcalde de Nacimiento, Carlos Toloza, el jefe del Daem, la directora Provincial de Educación, la presidenta de los Apoderados, profesores del liceo, asistentes de la educación y apoderados. “Todos estaban apoyando la misma causa, ya que toda la comunidad educativa desea y quiere que se puedan realizar las clases con tranquilidad, en un ambiente propicio para el aprendizaje. Más del 97% de los apoderados están de acuerdo”, indicó Luengo.
Dentro de los compromisos que adquirió el alcalde está la instalación de cámaras, intercomunicadores y un pórtico detector de metales que será sometido a una votación que consistirá en el llamado a cada apoderado y luego la firma de documento, según consignó Olaya Luengo.
Se hará una análisis de los reglamentos y protocolos, además de la creación de dos mesas de trabajo una provincial y otra comunal. “También se acordó agilizar la atención de salud mental de los estudiantes que se derivan al hospital”, estableció la dirigenta gremial.
Las políticas educacionales últimamente han tendido a poner de relieve los derechos del estudiante y el apoderado, más que de los profesores, según Luengo, por eso manifestó que “hay que volver a que se respete a todas las personas que integran las comunidades escolares”.
“Creo que el problema debe abordarse teniendo en las comunidades educativas reglamentos internos y protocolos claros, el equipo de convivencia escolar que esté muy capacitado, actualizados y aterrorizados al contexto de cada escuela. Y con una nueva ley que ya fue ingresada al Congreso por el Colegio de Profesores que va a resguardar la seguridad de nuestro gremio”, dijo.
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La realidad de una comuna cercana al mundo rural, como es Santa Juana, también atraviesa por dificultades importantes tales como la falta de servicios presentes que son fundamentales para los estudiantes y su estabilidad mental, según detalló Mauricio Videla, presidente del Colegio de Profesores Comunal Santa Juana.
“Hay que fortalecer entonces el tema de la atención en salud de los jóvenes. Por ejemplo, Santa Juana no cuenta con psiquiatra, y tenemos muchos estudiantes con diagnóstico psiquiátrico. No hay un Cosam (Centro Comunitario de Salud Mental), y hay un programa de salud mental que tiene el Hospital de Santa Juana, que funciona muy irregularmente. Hay sesiones una vez cada dos meses a un usuario”, indicó Videla.
Las desregulaciones en los niños y jóvenes son frecuentes, de acuerdo a lo que describió el profesor y dirigente gremial. “Tenemos casos que tienen medidas de protección judicial, hay programas de niños que intervienen en la familia. En muchos de esos programas vemos que son los mismos progenitores los que vulneran derechos”, afirmó.
Después de la pandemia este fenómeno de violencia escolar, se ha visto aumentado, según Mauricio Videla, y el factor incendio también influyó mucho en la salud mental de los jóvenes y niños. Últimamente se han encontrado con casos de jóvenes consumidores de drogas, respecto de lo que el dirigente aseguró que no están en una crisis, pero sí es un fenómeno que ha ido en aumento y eso sumado a que no cuentan con presencia de la PDI en la comuna, también los debilita de cierta forma.
“Ante eso es súper importante que existan, por un lado, equipos de convivencia escolar que estén reforzados. Que tenga un psicopedagogo, que tenga un terapeuta ocupacional. De repente, un terapeuta en rehabilitación de drogas. Que permitan darle más fortalecimiento. Contar con un servicio psiquiátrico de al menos una vez al mes”, comentó el profesor.
Al igual que el presidente Regional del Colegio de Profesores, señaló que es determinante que exista una ley de protección de la actividad de los profesores, pensada desde los propios protagonistas. “Como profesor de educación pública, sabemos que tenemos que recibir la matrícula de todos los estudiantes. Eso considerando que tenemos que atender a los estudiantes más marginados por la sociedad (…) que tienen diagnóstico psiquiátrico, tienen situaciones familiares con vulneración de derechos”, dijo.
En cuanto a las inquietudes que le manifiestan como dirigente gremial sus colegas, Videla indicó que “van por el maltrato laboral docente y la ley de protección laboral docente. Por otro lado, hay inquietudes en torno a la vulneración de derechos a los estudiantes, ya que están poco protegidos. Básicamente, la niñez está un poco a la deriva. Y ese factor nos impacta directamente a nosotros. Es un círculo vicioso”, afirmó Mauricio Videla.
El seremi de Educación del Biobío, Carlos Benedetti, señaló que se reunió con el Coordinador Regional de Seguridad Pública, Marco Millar, oportunidad en que evaluaron la operatividad de uno de los ejes de la Coordinación Regional para la Educación como Espacio Protegido. “Se espera incorporar, a la discusión local a los sostenedores públicos y particularmente seleccionados, identificando también las acciones en conjunto que permitan intervenir los entornos en donde pueden surgir amenazas o vulnerabilidades en el ámbito de seguridad”.
La violencia escolar fue tratada como uno de los temas en el último Consejo de Seguridad Pública, por lo que se espera incorporar a los representantes del mundo educacional a nivel local. “De manera tal de ir trabajando este tema de manera permanente y con una perspectiva local. Eso acordamos con la Subsecretaría de Prevención del Delito”, indicó el seremi.
“Nuestro foco hoy día está puesto en la intervención desde una perspectiva y articulación intersectorial, con el acompañamiento socioemocional, y la incorporación de otros actores que nos permitan abordar esta temática desde las comunidades escolares”, estableció en cuanto las vías de solución que se están buscando desde el Ministerio de Educación.
Raphael Sierra P.
Los profesores de Lota realizarán una asamblea, donde se dará a conocer el avance de los petitorios que van por la arista de la seguridad pública de la comuna y también por una legislación que proteja a los funcionarios y trabajadores de la Educación.
“También están los petitorios que los dos establecimientos involucrados, el Liceo Politécnico Rosauro Santana Ríos como también el Liceo Bicentenario Carlos Cousiño Goyenechea. Entre algunas medidas está el cierre perimetral de los establecimientos, cámaras, instalación de cámaras al interior de los establecimientos, la posibilidad de utilizar detectores de metales o paletas”, indicó Gabriel Provoste, presidente del Colegio de Profesores Comunal Lota.
“Sobre la detección de metales, esa fue la idea que propuso el alcalde a los apoderados y él estableció como una fecha de tope de 30 días. Pero están analizando algunos casos a nivel nacional para ver si existe jurisprudencia que permita hacer eso”, expuso Provoste.
Sin embargo, la postura de los profesores es que si se instalan estos dispositivos, no pueden ser ellos o los asistentes de la Educación los encargados de vigilar y revisar las mochilas. “Como gremios de la educación, no vamos a exponer a nuestros trabajadores a utilizar unas paletas o registrar un bolso o una mochila en caso de que suene”, indicó.
Se está solicitando también que las personas involucradas en el acto de vandalismo al Liceo Carlos Cousiño, si se descubre que son estudiantes, que no vuelvan a ingresar al sistema.
Como gremio, Provoste, señaló que no han tenido oportunidad de conversar con el Seremi de Educación, Carlos Benedetti. “Ni con las comunidades colectivas, creo que no ha habido mayor conversación. Creo que fueron las conversaciones iniciales cuando sucedió el asesinato del estudiante. Pero mayores propuestas concretas no se han acercado por parte de la autoridad regional. Entonces igual tiene con malestar a las bases y a las comunidades colectivas”, dijo.
Si bien el petitorio de Lota, por estos momentos, sólo trata y está enfocado en los asuntos asociados a seguridad, igualmente han vuelto a tener problemas asociados a los sueldos. “Se nos canceló este mes solamente el 70% del sueldo y el restante al parecer lo estarían cancelando la próxima semana, nos tiene en tensión esa situación, se barajan otras estrategias judiciales más adelante”.