Sin embargo, en el rubro del transporte público, tal vez, se hace necesario que dicho control se extienda a la obligación de las empresas de efectuar sus propias inspecciones.

Los resultados se dieron a conocer luego de que el contralor, Jorge Bermúdez, expusiera frente a la Comisión Revisora del Caso Convenios en la Cámara Baja. A esto, se suman una serie de observaciones a los Gobiernos Regionales.

Un proceso de fiscalización realizado por la entidad laboral y que terminó con multas para algunas Líneas, abrió un conflicto que ha ido creciendo en las últimas semanas y amenaza hoy con ser la “piedra en el zapato” para el comienzo de la nueva regulación del sector postergada por 18 años.

Solo se debería incrementar la fiscalización y definir claramente los criterios de selección de los proyectos. Lo contrario, podría ser un retroceso.