La autoridad solicitó mejorar la gestión del organismo en la zona, en particular la ejecución presupuestaria y apeló a la ética de trabajar en el servicio público.
El timonel comentó la existencia de un cartel a favor del Rechazo que no cumple la normativa vigente y se mostró abierto a trabajar en un bloque de centro derecha tras el plebiscito.
En la Región no existen voces críticas, al menos, públicamente. De hecho, hay quienes manifiestan que hay empresas privadas que ya ocupan este mecanismo.
Las multas por violar la norma de campaña van desde los \$500 mil a los \$11 millones. Exconstituyente Patricia Labra pidió que se respeten las normas. El Gobierno espera que “la institucionalidad funcione”.
La periodista dijo que la propuesta constitucional abre la puerta al debate, el mismo que, en su opinión, es imposible de encarar con la carta fundamental que nos rige.
Consejeros regionales pidieron libertad de acción durante el proceso, ya que no quieren generar divisiones internas, aunque estas ya se habrían producido en el Biobío.