Esto lleva a que la legislación chilena sea un referente internacional en cuanto a favorecer el acceso a los derechos políticos de las personas migrantes.
Así, en 1906 se dicta la primera ley de habitaciones obreras, y posteriormente en 1916 la ley de indemnización de accidentes del trabajo.
Hoy un niño o niña en residencia no cuenta con acceso a evaluación y tratamiento especializado en salud mental.