En el Congreso existen discrepancias respecto a las temáticas que resuelve el proyecto y en la oposición ya manifestaron una votación en contra aduciendo a que deben esperar que el tema lo resuelva la Convención Constitucional.

Ley N° 21.015 obliga a empresas de 100 o más trabajadores a destinar el 1% de su dotación a personas con discapacidad o asignatarias de una pensión de invalidez.

Mientras uno prevé una mejoraría de la confianza y reducción de la incertidumbre, otro plantea efectos acotados en restaurantes y hotelería. Una tercera visión, ve aspectos negativos un poco más amplios.

Han podido llegar a más de 31 mil personas en situación de vulnerabilidad social en Biobío y Ñuble. El principal desafío para 2022 es sumar nuevos socios(as) y empresas.