La ayuda económica se entregará a través del programa “Reactivación Económica y Productiva en Comunas Afectadas por los Incendios Forestales”, incluido en el plan “Biobío se Levanta”, puesto en marcha tras la catástrofe de febrero.

El texto -de ser aprobado- le entregaría atribuciones a los municipios para obligar a las forestales a hacer cortafuegos de manera preventiva y alejar las viviendas de las plantaciones.