Así lo confirmó el Ministerio Público tras una serie de diligencias que incluyeron el allanamiento a la casa particular del jefe comunal, Boris Chamorro.

Se trató de la primera presentación en vivo de este año de la iniciativa ejecutada por la corporación cultural acerera y que cuenta con el apoyo financiero del Gobierno Regional del Biobío.

Se ha establecido que los Estados tienen la obligación ética de denunciar y condenar la violación sistemática a los derechos humanos.

Denuncias por parte de los vecinos dejan en evidencia los desafíos que enfrenta el espacio natural a pesar de los esfuerzos de las autoridades y la comunidad, demostrando que la lucha ambiental contra la contaminación continúa.