La indagatoria estableció que, según lo documentado en diversas auditorías realizadas por la Contraloría General de la República en la anterior administración del Gobierno Regional del Biobío existió un patrón de asignación directa a la fundación.

Actualmente la secretaria regional ministerial de la cartera cuenta con 12 funcionarios y esperan contar prontamente con un espacio físico para su funcionamiento.

En esa línea desde la alcaldía solicitaron la renuncia del seremi de Obras Públicas en Biobío. Desde el Gobierno respondieron que los avances se consiguen con un trabajo articulado y no con exigencias de ese tipo.

Esto de acuerdo al Informe Nacional de Víctimas de Homicidios Consumados en Chile. Desde la Seremi de Seguridad Pública en la Región enfatizaron el control de armas de fuego y desde los Municipios solicitan más atribuciones en la materia.

La normativa vigente establece plazos para que el jefe o la jefa comunal cumpla con sus obligaciones, pero no contempla sanciones en caso de incumplimiento.