Política

El pulso político del Biobío por la acusación constitucional contra el ministro Rabat

El voto de los diputados del PDG será determinante en una Cámara donde las proyecciones anticipan una estrecha definición sobre el futuro del titular de Justicia.

Por: Hugo Ramos Lagos 18 de Noviembre 2026
Fotografía: Claudio Cavalieri | Senado
Lo que debes saber

• La acusación constitucional contra el ministro Fernando Rabat inició su tramitación en la Cámara, con una comisión de cinco integrantes que cuenta con mayoría opositora.

• En el Biobío, diputados de la DC y el PS confirmaron su respaldo al libelo, mientras representantes de la UDI, Republicanos y Nacional Libertarios adelantaron su rechazo.

• El PDG aparece como el factor decisivo, con 15 diputados y una tendencia interna favorable a la acusación. Sus tres representantes del Biobío todavía no definen su postura, mientras la colectividad enfrenta tensiones con el Gobierno.

Te invitamos a leer la nota completa más abajo para conocer los detalles.

La acusación constitucional contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat, inició su tramitación en la Cámara de Diputadas y Diputados, luego de que la Sala diera cuenta del ingreso del libelo y se conformara la comisión encargada de revisar los antecedentes. La instancia quedó integrada por Lorena Pizarro (PC), Raúl Soto (PPD) y Lorena Fries (FA), junto a Carlos Chandía (RN) y Germán Verdugo (PNL).

Con tres de sus cinco integrantes pertenecientes a la oposición, la comisión quedó con una mayoría que, en principio, favorece el ánimo opositor y configura un escenario adverso para Rabat.

La conformación de la instancia marca así una nueva escalada en la controversia por las rebajas administrativas de condenas concedidas a depredadores sexuales de menores, un caso que se ha instalado como una de las principales crisis políticas que ha enfrentado el Ejecutivo desde su llegada a La Moneda.

El conflicto ha mantenido abierto un fuego cruzado entre el Gobierno y la oposición, sin señales de tregua. Y es que la confianza del Presidente José Antonio Kast en su ministro se hizo más evidente cuando, desde Roma, retó a los parlamentarios a concretar la acción. “Han tenido una semana para presentar la acusación constitucional, no lo han hecho. ¿Por qué? Que la presenten y que se vote si es que lo estiman pertinente”, sentenció en dicha oportunidad”, dijo Kast.

Con el libelo ya en tramitación, el foco se traslada al conteo de votos para definir su futuro. Según las proyecciones, existiría un escenario prácticamente empatado: 75 diputados estarían disponibles para aprobar y 76 votarían en contra.

El desglose considera 64 apoyos de la oposición y 11 del Partido de la Gente (PDG), mientras que el rechazo reuniría 75 votos de las bancadas de derecha y uno del PDG.

De darse la asistencia de los 155 diputados, se requieren 78 votos para aprobar el libelo. Además, tres de los cuatro parlamentarios identificados como indecisos pertenecen al PDG, mientras que el cuarto es el diputado Jaime Mulet (FRVS).

Posturas en la oposición

En ese escenario, los parlamentarios del Biobío comenzaron a perfilar, reforzar y matizar sus posiciones frente a una eventual votación que determinará si la acusación avanza al Senado.

Consultado por Diario Concepción, el diputado y presidente de la Democracia Cristiana, Álvaro Ortiz, afirma estar totalmente de acuerdo en la acusación constitucional contra el ministro Rabat.

“Los tres capítulos que contiene son potentes”. Junto con las rebajas de condenas, apuntó a los cuestionamientos por probidad derivados de las declaraciones del titular ante la Comisión de la Constitución del Senado y la Sala de la Cámara.

En la misma línea, el diputado José Antonio Rivas (PS) reafirmó su respaldo y disponibilidad para aprobar la acusación en Sala, al igual que sus compañeros de bancada.

A su juicio, los hechos “ponen en cuestión la igualdad ante la ley, la protección de las personas y la confianza de la ciudadanía en la justicia (…). Esta acusación tiene fundamentos que deben ser examinados con toda la seriedad que corresponde”.

“Podemos encontrar respaldo en otros sectores políticos, especialmente en un escenario de creciente cuestionamiento a la gestión del Gobierno”, cerró.

Tendencia oficialista

En el oficialismo, en tanto, sigue primando el rechazo. La diputada republicana Paz Charpentier adelantó su rechazo. “Vamos a ver cuántos diputados están dispuestos a cumplir las reglas constitucionales que juraron defender cuando asumieron en marzo. Yo no me pierdo: una acusación sin fundamento jurídico no puede votarse a favor”, expresó.

Por su parte, el diputado nacional libertario, Cristóbal Urruticoechea, sostuvo que la ofensiva carece de argumentos jurídicos y responde netamente a motivaciones políticas.

“Las acusaciones constitucionales no se aprueban o rechazan por temas políticos, se aprueban o rechazan porque tiene que haber faltado de alguna u otra manera a la Constitución, y no es el caso”, argumentó. En consecuencia, anunció que votará en contra.

A estas posiciones se suma la señal entregada desde la UDI por su jefa de bancada, Flor Weisse, quien en recientes declaraciones a Radio Pauta adelantó que la mayoría de sus integrantes se inclina por rechazarla. Si bien precisó que cada congresista conserva el derecho a votar en conciencia, aseguró que la tendencia predominante apunta en esa dirección.

Su compañero de colectividad, Sergio Bobadilla, también manifestó su rechazo y endureció sus cuestionamientos hacia la oposición, a la que acusó de utilizar la controversia con el único fin de debilitar al Ejecutivo.

“Después de semanas de demora, terminaron presentando un verdadero ‘wantán jurídico’, sin fundamentos sólidos”, cuestionó, agregando que “una cosa es la responsabilidad política, que ha asumido el Presidente Kast, y otra muy distinta es convertir la acusación en un espectáculo”.

Sin embargo, dentro del gremialismo todavía quedan ciertas interrogantes. Un caso es el de la diputada Marlene Pérez (Ind./UDI), quien ha mantenido una postura crítica frente al manejo del caso por parte del Ejecutivo. A fines de octubre ella misma pidió la salida de Rabat. Aunque también ha manifestado esperar que la acusación no escale.

Sala de la Cámara / Foto: René Lescornez | Cámara de Diputadas y Diputados

El PDG nuevamente será la bisagra

Con una votación que se anticipa estrecha, el Partido de la Gente (PDG) volverá a instalarse en el centro de la terna. Sus 15 diputados son observados tanto por el oficialismo como por la oposición, pues sus definiciones podrían resultar determinantes.

Hasta ahora, las señales apuntan a una inclinación mayoritaria dentro de la colectividad favorable a respaldar el libelo. La diputada Pamela Jiles deslizó que 11 integrantes de la bancada estarían por aprobarlo, aunque todavía existen parlamentarios que no han definido su voto.

Desde el Biobío, sus tres representantes: Roberto Arroyo, Lilian Betancurt y Patricio Briones evitaron comprometer su posición.

Roberto Arroyo confirmó a Diario Concepción que la bancada sostuvo una reunión pero que todavía no existe una definición colectiva. “Aún debemos resolver si tendremos una postura común como bancada o si optamos por la libertad de acción”, aseguró. Además, descartó que el partido vaya a forzar unanimidades.

Betancurt cuestionó los intentos de presionar a la colectividad y explicó que “el PDG no está para recibir órdenes ni actuar al ritmo de la oposición. Como dice el refrán, no hay que poner la carreta delante de los bueyes; primero analizaremos todos los antecedentes y después tomaremos una decisión responsable como bancada”, agregó.

Patricio Briones reconoció que existe una tendencia interna favorable a respaldar la acusación, aunque descartó que haya un acuerdo definitivo.

Sin embargo, mientras el Gobierno aún busca acercar posiciones con la bancada, una controversia con el subsecretario de la Segegob, Gonzalo Arenas, terminó tensionando el escenario. Arenas calificó recientemente al PDG como un “cúmulo de deseos”, y afirmó que representa a un sector que carece de una visión de país.

El timing de las declaraciones no pasó inadvertido, y la respuesta fue inmediata. El secretario general del partido, Franco Parisi, defendió el papel de la tienda en el Congreso y recordó que “el PDG le ha dado gobernabilidad a Chile”, para luego advertir que “el matonaje del poderoso transitorio no es buen consejero”.

Por último, desde Demócratas, la diputada Joanna Pérez evitó anticipar una definición y señaló que está evaluando “con responsabilidad su mérito”. No obstante, rechazó categóricamente las rebajas de condenas que puedan beneficiar a personas condenadas por delitos graves, especialmente cuando “se pone en riesgo la protección de las víctimas”.

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