La solicitud se suma a procesos sancionatorios abiertos contra las siete administradoras y a una comisión investigadora en la Cámara de Diputados.
Lo que debes saber
• Contraloría otorgó 10 días hábiles a la Superintendencia de Pensiones para informar sobre su fiscalización a las AFP, tras un oficio presentado por parlamentarios.
• El requerimiento se origina por la caída real de 10,39% en el Fondo E entre enero y septiembre de 2026, producto de operaciones con derivados financieros.
• La Superintendencia mantiene procesos sancionatorios contra las siete AFP, mientras la Cámara de Diputados aprobó una comisión investigadora para indagar la fiscalización entre 2018 y 2026.
La Contraloría General de la República otorgó un plazo perentorio de diez días hábiles a la Superintendencia de Pensiones para que entregue un informe detallado sobre las acciones de control y fiscalización aplicadas a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), en el marco del complejo escenario generado por las millonarias pérdidas registradas en el Fondo E.
La instrucción del órgano fiscalizador responde a un oficio presentado por diputados de la bancada DC, FRVS e independientes, quienes solicitaron determinar si la autoridad técnica actuó con la debida diligencia para supervisar las decisiones de inversión de las administradoras y anticipar riesgos sobre el ahorro previsional de los trabajadores.
Al dar curso a la tramitación, Contraloría requirió a la Superintendencia que “se sirva responder en el plazo de diez días hábiles lo solicitado en el oficio de fiscalización, remitiendo todos los antecedentes necesarios para resolver adecuadamente la presentación”.
El foco del requerimiento se centra en el comportamiento del Fondo E, históricamente categorizado como la alternativa más conservadora del esquema de multifondos por albergar prioritariamente a personas próximas a pensionarse. Entre enero y septiembre de 2026, la cartera acumuló una contracción real del 10,39%, arrastrada por pérdidas de valoración en operaciones con derivados financieros vinculados al comportamiento de las tasas de interés internacionales.
Frente a este escenario, la propia Superintendencia de Pensiones abrió procedimientos sancionatorios de carácter administrativo contra las siete AFP que operan en el mercado, con la finalidad de establecer si existió vulneración a las obligaciones legales y normativas que rigen el manejo prudencial de los recursos.
En paralelo a la vía administrativa, la Cámara de Diputadas y Diputados visó la conformación de una comisión especial investigadora, instancia que examinará la labor inspectiva desarrollada sobre las gestoras previsionales durante el periodo 2018-2026.
Desde el organismo contralor precisaron que el requerimiento cursado no califica a priori la concurrencia de ilegalidades o irregularidades en el actuar de la Superintendencia, sino que constituye el procedimiento formal para reunir la evidencia técnica que permita ponderar la denuncia parlamentaria.