El Municipio busca invalidar una resolución que, según acusa, se realizó en las últimas horas del Gobierno saliente, en marzo. Serviu asegura que ya estaban incorporados desde años anteriores.
“Nos avisaron de Serviu que el gobierno anterior nos dejó un “regalito” de último minuto”. Con esas palabras, el alcalde de San Pedro de la Paz, Juan Pablo Spoerer, abordó —durante la sesión del concejo municipal del pasado 19 de mayo— una situación que, según afirma, terminó truncando la estrategia que el municipio preparaba para avanzar en la erradicación de tomas ilegales y rucos en distintos sectores de la comuna.
La intervención ocurrió mientras el jefe comunal exponía sobre las ocupaciones irregulares y los problemas asociados a ellas. En ese contexto, sostuvo que durante el último año el municipio ya había logrado intervenir rucos y otras ocupaciones menores, y que para 2026 buscaban avanzar “decididamente” en siete asentamientos que hasta entonces manejaban como tomas, partiendo por una ubicada en el sector Costanera.
“Ahí no solamente se genera basural, que es permanente, además tenemos antecedentes de que cobran para que puedan entrar camiones, disponer de basura y retirarse, lo que es evidentemente ilegal”, señaló Spoerer, agregando que el municipio ya mantenía coordinaciones con el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), la Delegación Presidencial y Carabineros para planificar eventuales erradicaciones.
Sin embargo, aseguró que justo en medio de dichas coordinaciones tomaron conocimiento de una resolución firmada el 9 de marzo de 2026 —dos días antes de terminar el Gobierno del expresidente Gabriel Boric—, mediante la cual siete asentamientos en la comuna quedaron incorporados dentro del Registro Vigente de Campamentos del Catastro de Asentamientos Precarios del Minvu.
Y según explicó posteriormente, aquello implicó que dichos sectores pasaran —de acuerdo a la interpretación planteada por el municipio— de ser manejados como tomas a quedar bajo la categoría de campamentos.
Los puntos involucrados corresponden a Caleta del Rey, Padre Hurtado, Esquina Venus, Fernández Vial, La Costa, La Veguita y Villa Evangelista.
A juicio de Spoerer, aquello complejiza radicalmente la posibilidad de avanzar en procesos de erradicación, debido a que los campamentos ingresan a dinámicas asociadas a soluciones habitacionales, lo que según relató, en su experiencia, “toma mucho, mucho tiempo… décadas”.
Tras lo anterior, Diario Concepción tomó contacto con el alcalde sampedrino para profundizar en los alcances de la situación. Consultado respecto a cómo se limitaba la planificación que ya mantenían junto a otros organismos públicos, Spoerer respondió que “de manera absoluta”.
Según detalló, durante el último año habían desarrollado coordinaciones con Serviu y el Minvu para avanzar tanto en la erradicación de rucos como de ocupaciones de mayor tamaño, incluyendo intervenciones vinculadas al proyecto de regeneración de Michaihue.
Fue en medio de ese proceso —según relató Spoerer— cuando tomó conocimiento de la Resolución Exenta N.º 377. “Se resuelve pasar las tomas en las que estábamos planteando retirar durante el año a la categoría de campamento”, sostuvo el alcalde.
Con esto instalado, la casa edil evalúa eventuales acciones legales para solicitar la invalidación de la resolución, argumentando que dichos asentamientos “no cuentan con las características legales para ser declarados campamentos” y cuestionando además el momento en que la medida fue dictada.
“Vamos a perseguir la invalidación”, cerró, calificando la resolución como una medida adoptada “de forma mañosa” por una administración que iba de salida.
A pesar de lo planteado por Spoerer —cuya crítica apuntó principalmente hacia la administración pasada—, desde el Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) Biobío entregaron una versión muy distinta respecto al alcance de la resolución cuestionada, defendiendo además la trazabilidad técnica y administrativa del proceso.
Según explicó el organismo, los asentamientos mencionados por el alcalde ya se encontraban incorporados previamente al Catastro Nacional de Campamentos mediante resoluciones dictadas entre 2022 y 2024, por lo que la Resolución Exenta N.º 377 no habría significado el ingreso original de estas tomas al registro.
En detalle, expusieron que los campamentos Caleta del Rey y Padre Hurtado fueron incorporados al catastro en 2022 mediante la Resolución Exenta N.º 754, mientras que Esquina Venus, Fernández Vial, La Veguita, Villa Evangelista y La Costa fueron incorporados en 2024 a través de la Resolución Exenta N.º 335.
Asimismo, señalaron que la Resolución N.º 377 “solo establece la actualización del Registro Vigente de Campamentos”, sosteniendo además que el procedimiento se ajustó a los criterios definidos en el Manual de Procedimientos del Catastro Nacional de Campamentos, contenido en la Resolución Exenta N.º 108.
Junto con ello, desde Serviu añadieron que la incorporación de un asentamiento al catastro “no impide” eventuales desalojos o restituciones administrativas, afirmando que tanto propietarios privados como organismos públicos pueden recurrir a los mecanismos contemplados en la Ley de Usurpaciones y otras normas vigentes.
“La única salvaguarda que existe es que no se pueden tomar detenidos en el acto a los ocupantes del sector por el mero hecho de ocupar de manera ilegal el terreno; sin embargo, se aplica todo el procedimiento de la ley”, concluyeron desde el organismo.
En paralelo, desde el Serviu Biobío afirmaron que sostendrían una reunión de coordinación con el municipio el pasado lunes 25 de mayo, instancia donde —según indicaron— abordarían la situación de los asentamientos mencionados.
Fachada de las dependencias del Serviu Biobío / Foto: Raphael Sierra P.
Tras aquella reunión, este medio volvió a consultar a ambos organismos respecto a lo que se pudo aclarar en su conversación. Mientras desde Serviu sostuvieron que la información entregada previamente “seguía plenamente vigente”, desde el municipio señalaron que el fondo del asunto aún no había sido abordado.
“La verdad es que nosotros no hemos logrado conversar este tema en concreto aún con Serviu”, afirmó Spoerer, añadiendo además que la existencia de una jefatura subrogante en el organismo “complejiza la adopción de decisiones más estables en el tiempo”.
En esa línea, aseveró que el municipio ahora buscará abordar el tema directamente a nivel central, ya sea “a nivel de ministro o subsecretaria”, reiterando que la situación continúa complicando la estrategia comunal.
Enterado de este revés tras nuevos intercambios con Diario Concepción, desde Serviu Biobío señalaron que se encontraban intentando retomar conversaciones con el municipio sampedrino, con el objetivo de rectificar lo que consideran interpretaciones erróneas respecto al verdadero alcance administrativo y jurídico del Registro Vigente de Campamentos.
Tras cerrar la edición, desde el municipio señalaron que “efectivamente hoy día, según los registros del Serviu, San Pedro de la Paz mantiene siete campamentos”, indicando además que actualmente se desarrolla un trabajo conjunto entre dicho servicio y la Oficina de Vivienda comunal para actualizar el catastro de familias que habitan en esos sectores.
“Entendemos que dentro de esas familias existen muchas que no son hábiles de un subsidio habitacional, por diferentes razones”, comentaron desde la casa edilicia, agregando que el interés municipal apunta a trabajar con aquellas familias que sí cumplen los requisitos para optar a soluciones habitacionales. Sin embargo, advirtieron también su preocupación respecto al crecimiento de los asentamientos. “Nos preocupa que al modificar los polígonos de esos campamentos, se está produciendo un aumento en el número de familias que viven allí”, señalaron.
En esa línea, afirmaron que buscarán sostener nuevas conversaciones con Serviu o directamente con la Seremi del Biobío, con el objetivo de transmitir su preocupación respecto a una situación que —según sostuvieron— “afecta el trabajo de buscar salida a nuestra gente que hoy, siendo sujetos de un subsidio, permanecen en esa calidad de vida”.
En paralelo, Serviu remitió una minuta técnica, donde profundiza los antecedentes administrativos. En el documento, el organismo insiste en que “ninguno de los siete asentamientos mencionados fue incorporado al catastro mediante la Resolución Exenta N.º 377”.
Se especifica también la condición de los terrenos involucrados, señalando que Caleta del Rey se emplaza sobre terrenos privados —correspondientes a 20 propietarios— y municipales; Padre Hurtado en terrenos pertenecientes a la Municipalidad y al propio Serviu; Esquina Venus, Fernández Vial y Villa Evangelista en propiedades privadas; La Veguita en un terreno privado que actualmente mantiene orden de desalojo; y finalmente Toma La Costa en un terreno perteneciente al Serviu.
Junto con ello, profundiza en el procedimiento utilizado para la incorporación de asentamientos al catastro, señalando que comenzó con una convocatoria realizada por el Minvu mediante el Ordinario N.º 739 del 28 de diciembre de 2023, donde se solicitó información a municipios, gobiernos regionales, Carabineros, PDI, Delegaciones Presidenciales, TECHO y otras instituciones vinculadas al territorio.
Según explica, el propio municipio sampedrino respondió a dicha convocatoria a través de los Ord. N.º 140 y N.º 229, informando la existencia de diez tomas de terreno en la comuna. En esa instancia el municipio indicó que siete de ellas cumplían criterios de incorporación al catastro, proceso que posteriormente derivó en evaluaciones técnicas y en la incorporación de cinco campamentos mediante la Resolución Exenta N.º 335.
Además, sostiene que el Catastro Nacional de Campamentos se rige actualmente por la Resolución Exenta N.º 108, normativa que define como campamento a asentamientos con 12 o más hogares emplazados en terrenos ocupados irregularmente, en condiciones de precariedad habitacional y vulnerabilidad social, y que carezcan de al menos uno de tres servicios básicos: electricidad, agua potable o alcantarillado.
Citando al documento, todos los asentamientos incorporados en San Pedro de la Paz fueron previamente verificados bajo dichos criterios.
Finalmente, se informa que actualmente existe una “coordinación fluida y permanente” entre Serviu y la Municipalidad de San Pedro de la Paz, incluyendo catastros en terreno, reuniones técnicas, asambleas con residentes y trabajo conjunto asociado a eventuales soluciones habitacionales para familias que cumplan con los requisitos establecidos en el Decreto Supremo N.º 49.
Con todo lo anterior, ambas partes manifestaron intención de continuar abordando el tema mediante futuras coordinaciones.