El Municipio busca invalidar una resolución que, según acusa, se realizó en las últimas horas del Gobierno saliente, en marzo. Serviu asegura que ya estaban incorporados desde años anteriores.
“Nos avisaron de Serviu que el gobierno anterior nos dejó un “regalito” de último minuto”. Con esas palabras, el alcalde de San Pedro de la Paz, Juan Pablo Spoerer, abordó —durante la sesión del concejo municipal del pasado 19 de mayo— una situación que, según afirma, terminó truncando la estrategia que el municipio preparaba para avanzar en la erradicación de tomas ilegales y rucos en distintos sectores de la comuna.
La intervención ocurrió mientras el jefe comunal exponía sobre las ocupaciones irregulares y los problemas asociados a ellas. En ese contexto, sostuvo que durante el último año el municipio ya había logrado intervenir rucos y otras ocupaciones menores, y que para 2026 buscaban avanzar “decididamente” en siete asentamientos que hasta entonces manejaban como tomas, partiendo por una ubicada en el sector Costanera.
“Ahí no solamente se genera basural, que es permanente, además tenemos antecedentes de que cobran para que puedan entrar camiones, disponer de basura y retirarse, lo que es evidentemente ilegal”, señaló Spoerer, agregando que el municipio ya mantenía coordinaciones con el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), la Delegación Presidencial y Carabineros para planificar eventuales erradicaciones.
Sin embargo, aseguró que justo en medio de dichas coordinaciones tomaron conocimiento de una resolución firmada el 9 de marzo de 2026 —dos días antes de terminar el Gobierno del expresidente Gabriel Boric—, mediante la cual siete asentamientos en la comuna quedaron incorporados dentro del Registro Vigente de Campamentos del Catastro de Asentamientos Precarios del Minvu.
Y según explicó posteriormente, aquello implicó que dichos sectores pasaran —de acuerdo a la interpretación planteada por el municipio— de ser manejados como tomas a quedar bajo la categoría de campamentos.
Los puntos involucrados corresponden a Caleta del Rey, Padre Hurtado, Esquina Venus, Fernández Vial, La Costa, La Veguita y Villa Evangelista.
A juicio de Spoerer, aquello complejiza radicalmente la posibilidad de avanzar en procesos de erradicación, debido a que los campamentos ingresan a dinámicas asociadas a soluciones habitacionales, lo que según relató, en su experiencia, “toma mucho, mucho tiempo… décadas”.
Tras lo anterior, Diario Concepción tomó contacto con el alcalde sampedrino para profundizar en los alcances de la situación. Consultado respecto a cómo se limitaba la planificación que ya mantenían junto a otros organismos públicos, Spoerer respondió que “de manera absoluta”.
Según detalló, durante el último año habían desarrollado coordinaciones con Serviu y el Minvu para avanzar tanto en la erradicación de rucos como de ocupaciones de mayor tamaño, incluyendo intervenciones vinculadas al proyecto de regeneración de Michaihue.
Fue en medio de ese proceso —según relató Spoerer— cuando tomó conocimiento de la Resolución Exenta N.º 377. “Se resuelve pasar las tomas en las que estábamos planteando retirar durante el año a la categoría de campamento”, sostuvo el alcalde.
Con esto instalado, la casa edil evalúa eventuales acciones legales para solicitar la invalidación de la resolución, argumentando que dichos asentamientos “no cuentan con las características legales para ser declarados campamentos” y cuestionando además el momento en que la medida fue dictada.
“Vamos a perseguir la invalidación”, cerró, calificando la resolución como una medida adoptada “de forma mañosa” por una administración que iba de salida.
A pesar de lo planteado por Spoerer —cuya crítica apuntó principalmente hacia la administración pasada—, desde el Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) Biobío entregaron una versión muy distinta respecto al alcance de la resolución cuestionada, defendiendo además la trazabilidad técnica y administrativa del proceso.
Según explicó el organismo, los asentamientos mencionados por el alcalde ya se encontraban incorporados previamente al Catastro Nacional de Campamentos mediante resoluciones dictadas entre 2022 y 2024, por lo que la Resolución Exenta N.º 377 no habría significado el ingreso original de estas tomas al registro.
En detalle, expusieron que los campamentos Caleta del Rey y Padre Hurtado fueron incorporados al catastro en 2022 mediante la Resolución Exenta N.º 754, mientras que Esquina Venus, Fernández Vial, La Veguita, Villa Evangelista y La Costa fueron incorporados en 2024 a través de la Resolución Exenta N.º 335.
Asimismo, señalaron que la Resolución N.º 377 “solo establece la actualización del Registro Vigente de Campamentos”, sosteniendo además que el procedimiento se ajustó a los criterios definidos en el Manual de Procedimientos del Catastro Nacional de Campamentos, contenido en la Resolución Exenta N.º 108.
Junto con ello, desde Serviu añadieron que la incorporación de un asentamiento al catastro “no impide” eventuales desalojos o restituciones administrativas, afirmando que tanto propietarios privados como organismos públicos pueden recurrir a los mecanismos contemplados en la Ley de Usurpaciones y otras normas vigentes.
“La única salvaguarda que existe es que no se pueden tomar detenidos en el acto a los ocupantes del sector por el mero hecho de ocupar de manera ilegal el terreno; sin embargo, se aplica todo el procedimiento de la ley”, concluyeron desde el organismo.
En paralelo, desde el Serviu Biobío afirmaron que sostendrían una reunión de coordinación con el municipio el pasado lunes 25 de mayo, instancia donde —según indicaron— abordarían la situación de los asentamientos mencionados.
Fachada de las dependencias del Serviu Biobío / Foto: Raphael Sierra P.
Tras aquella reunión, este medio volvió a consultar a ambos organismos respecto a lo que se pudo aclarar en su conversación. Mientras desde Serviu sostuvieron que la información entregada previamente “seguía plenamente vigente”, desde el municipio señalaron que el fondo del asunto aún no había sido abordado.
“La verdad es que nosotros no hemos logrado conversar este tema en concreto aún con Serviu”, afirmó Spoerer, añadiendo además que la existencia de una jefatura subrogante en el organismo “complejiza la adopción de decisiones más estables en el tiempo”.
En esa línea, aseveró que el municipio ahora buscará abordar el tema directamente a nivel central, ya sea “a nivel de ministro o subsecretaria”, reiterando que la situación continúa complicando la estrategia comunal.
Enterado de este revés tras nuevos intercambios con Diario Concepción, desde Serviu Biobío señalaron que se encontraban intentando retomar conversaciones con el municipio sampedrino, con el objetivo de rectificar lo que consideran interpretaciones erróneas respecto al verdadero alcance administrativo y jurídico del Registro Vigente de Campamentos.