El proyecto busca incorporar radiobalizas obligatorias, controles de drogas y endurecer sanciones por alterar u ocultar registros en la investigación de accidentes marítimos.
En la Comisión de Pesca de la Cámara de Diputadas y Diputados comenzó la discusión de la denominada “Ley Bruma”, iniciativa que apunta a reforzar la seguridad en embarcaciones tras la tragedia que costó la vida a siete pescadores frente a las costas de Coronel en marzo de 2025.
Principalmente, se propone una serie de modificaciones a la Ley de Navegación (DL N.º 2.222). Entre sus objetivos figuran adecuar la legislación a estándares internacionales, mejorar la trazabilidad de las embarcaciones, fortalecer la investigación de siniestros y dotar de nuevas herramientas de fiscalización a los organismos competentes.
En materia de prevención, contempla nuevas exigencias de certificación para las embarcaciones, eliminando algunas excepciones actualmente vigentes para naves menores. Además, incorpora la obligatoriedad de radiobalizas de emergencia para embarcaciones y tripulantes, dispositivos que permiten transmitir su ubicación en caso de accidente o naufragio y facilitar las labores de búsqueda y rescate.
La iniciativa también incorpora controles de alcohol y drogas para quienes desempeñen funciones vinculadas a la seguridad de la navegación, exámenes obligatorios tras accidentes graves y mecanismos para fiscalizar los tiempos de descanso de las tripulaciones, con el objetivo de reducir riesgos asociados a la fatiga durante las faenas.
A ello se suman sanciones por la destrucción, ocultamiento o alteración de registros audiovisuales, sistemas tecnológicos y dispositivos de posicionamiento satelital utilizados durante la navegación, antecedentes considerados fundamentales para esclarecer responsabilidades en eventuales siniestros.
Finalmente, el proyecto endurece los deberes de denuncia y auxilio en el mar, fortaleciendo las facultades de la autoridad marítima y sancionando a quienes, pudiendo participar en un rescate, no lo hagan sin justificación.
Ya conocida la tragedia de la lancha Bruma, la Cámara Baja aprobó la creación de una Comisión Especial Investigadora para revisar la actuación de organismos como la Armada, Directemar y Sernapesca, además de analizar las condiciones de seguridad marítima y pesquera vinculadas al caso.
Tras meses de trabajo, la instancia elaboró un informe con propuestas destinadas a corregir las falencias detectadas durante la investigación. Varias de esas recomendaciones terminaron convirtiéndose en la base del proyecto actualmente en discusión en la Comisión de Pesca.
El caso, sin embargo, aceleró una discusión que ya estaba presente en el Congreso. Antes del naufragio, el Senado analizaba cambios para incorporar a la Autoridad Marítima al sistema de búsqueda de personas desaparecidas. Más tarde, fue la diputada Marlene Pérez quien propuso ampliar las labores de búsqueda en alta mar y reforzar el uso de tecnología de rastreo ante emergencias.
El sector pesquero artesanal valora la propuesta. En diálogo con este medio, el presidente de la Federación Regional de Pescadores Artesanales del Biobío (Ferepa), Cristian Arancibia, sostuvo que la tragedia de la Bruma evidenció “una necesidad urgente de actualizar la seguridad en el mar, la navegación y la implementación de protocolos que hoy están desactualizados”.
A juicio del dirigente, uno de los puntos más relevantes pasa por fortalecer el uso obligatorio de tecnologías de monitoreo y navegación. Según planteó, todavía existen embarcaciones que desconectan sistemas de seguimiento o posicionamiento, situación que requiere una fiscalización más estricta y sanciones efectivas.
“Hoy día hay embarcaciones mayores que a veces desconectan su equipo de navegación, su equipo satelital, el sistema AIS, y en ese sentido creemos que avanzar, a que haya una obligatoriedad en el uso y sanciones más severas para quienes incumplan la normativa, pueda, de alguna forma mitigar accidentes como el de la Bruma”, señaló.
Por último, Arancibia valoró el endurecimiento de los controles de alcohol y drogas contemplados en la iniciativa. “La actividad pesquera, artesanal o industrial, debe contar con las máximas medidas de seguridad y si eso implica sanciones para quienes incumplan en esa materia, deben endurecerse de todas maneras”, concluyó.
Contexto: Embarcaciones de pesca artesanal / Foto: Raphael Sierra P.
Entre los congresistas del Biobío existe cierta coincidencia respecto de la necesidad de avanzar en cambios normativos en esta materia.
Uno de ellos es el diputado por el Distrito 20, Roberto Arroyo, quien integró la Comisión Especial Investigadora del caso Bruma. “Este proyecto es absolutamente necesario y urgente después de todo lo que quedó en evidencia con el caso Bruma”, afirmó, valorando que varias de las recomendaciones levantadas durante la investigación hayan sido incorporadas a la propuesta.
“No podemos seguir permitiendo que pescadores artesanales y trabajadores del mar enfrenten situaciones de riesgo sin contar con estándares modernos de prevención, fiscalización y respuesta ante emergencias”, agregó.
Arroyo destacó la obligatoriedad de radiobalizas para embarcaciones y tripulantes, el fortalecimiento del deber de auxilio en el mar y las sanciones para quienes manipulen registros de posicionamiento o evidencia audiovisual. Asimismo, respaldó la incorporación de controles de droga a bordo, argumentando que “no puede existir espacio para irresponsabilidades o negligencias que terminen costando vidas humanas”.
De manera similar, el diputado José Antonio Rivas (PS) planteó que el naufragio dejó lecciones que deben traducirse en cambios concretos. “Cuando hablamos de trabajadores del mar, no podemos esperar a que ocurran tragedias para revisar procedimientos, exigencias, mecanismos de prevención y capacidades de respuesta ante emergencias”, expresó.
Tras reunirse con dirigentes de Ferepa Biobío, el parlamentario identificó la seguridad como una de las principales preocupaciones del gremio. Por ello, consideró prioritario avanzar en sistemas de localización y radiobalizas, mejorar la trazabilidad de la información disponible ante incidentes y elevar los estándares de seguridad de las embarcaciones.
No obstante, advirtió que la discusión también deberá considerar la realidad de los pescadores artesanales frente a eventuales nuevas exigencias. “Sabemos que se trata de una discusión sensible, tanto por los costos involucrados como por las distintas realidades que conviven dentro del sector”, sostuvo.
“Es fundamental escuchar a todas las partes”, afirmó, concluyendo que cualquier regulación debe tener como principal objetivo “proteger la vida y la seguridad” de quienes desarrollan labores en el mar.
Por su parte, el diputado por el Distrito 20, Patricio Briones (PDG), afirmó que “es importante ya poner en tabla lo que es un plan de fortalecimiento a la seguridad marítima y pesquera”, vinculando también el debate al reciente naufragio que terminó con el fallecimiento de dos pescadores en aguas de Talcahuano. “Habla de falencias en el sistema, que no permite llegar en ayuda efectiva, rápida y obviamente de forma concreta en esta eventualidad y casualidad de la vida”, cerró.
Diario Concepción intentó obtener la visión de otros parlamentarios, especialmente con el diputado por el Distrito 20, Sergio Bobadilla (UDI), de especial interés, ya que forma parte de la Comisión de Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos de la Cámara. Hasta el cierre de esta edición no se pudo establecer contacto.