Congresistas locales también advierten que subir penas no basta si es que no se cuenta con un control territorial efectivo.
En un escenario marcado por el aumento de delitos en zonas rurales, el avance legislativo del proyecto de ley que endurece las sanciones por el robo de insumos, productos y maquinaria agrícola ha reactivado el debate político en la Región del Biobío.
La iniciativa, que ya fue despachada a segundo trámite, busca establecer un marco jurídico que reconozca estos delitos, los cuales hasta ahora no cuentan con una tipificación clara en el Código Penal.
En lo concreto, el proyecto propone penas de presidio menor en su grado máximo, desde tres años y un día hasta cinco años, para quienes sustraigan maquinaria o insumos agrícolas.
La misma sanción se aplicaría a quienes incurran en receptación de estos bienes, sumando además posibles multas y el decomiso de las especies involucradas. En tanto, el hurto mantendría sus penas generales, pero acotadas al grado máximo.
El contexto en el que surge esta discusión legislativa no es menor. De acuerdo con el “Primer Barómetro de Robo Agrícola” elaborado por la Sociedad Nacional de Agricultura, un 78% de los agricultores ha sido víctima de robos en el último año, con pérdidas que superan los $16 mil millones.
La cifra no solo evidencia la magnitud del problema, sino también su persistencia: un 40% de los afectados declaró haber sufrido tres o más episodios delictuales en ese mismo periodo.
Las estadísticas también dan cuenta de la naturaleza de los ilícitos. Los insumos agrícolas lideran los robos con un 29%, seguidos por la producción agrícola con un 18% y las instalaciones eléctricas con un 16%.
En términos económicos, las mayores pérdidas se concentran en insumos, infraestructura eléctrica y producción, lo que impacta directamente en la continuidad operativa de los predios.
A esto se suma un elemento crítico: el 67% de los encuestados manifiesta desconfianza en obtener resultados positivos tras realizar denuncias, lo que refuerza la percepción de impunidad.
Actualmente, estos delitos suelen ser perseguidos bajo figuras como “hurto simple” o “robo en lugar no habitado”, lo que, según expertos, relativiza su gravedad y reduce las posibilidades de sanción efectiva.
En ese marco, el v busca corregir una brecha normativa que, hasta ahora, ha dejado a los agricultores en una situación de vulnerabilidad estructural.
Archivo Diario Concepción.
Desde el mundo gremial, José Miguel Stegmeier, presidente de la Sociedad Agrícola de Biobío (Socabio), ha sido enfático en señalar que el problema requiere una respuesta integral.
“Necesitamos al menos tres líneas de acción para lograr controlar los delitos rurales. Una sin dudas es el aumento de penas, tanto para quienes directamente cometen los robos, como también para los que encargan y reducen los bienes sustraídos”, sostuvo.
El dirigente, sin embargo, fue más allá del enfoque punitivo y subrayó la necesidad de fortalecer las capacidades operativas del Estado en zonas rurales. En esa línea, planteó que se requieren policías especializados en delitos rurales, con equipamiento y vehículos adecuados a las condiciones del territorio.
Asimismo, enfatizó que es indispensable agilizar los procesos investigativos del Ministerio Público y mejorar la respuesta del sistema judicial. “Igual responsabilidad recae en los Tribunales de Justicia, para que efectivamente se supere este garantismo que muchas veces deja a las víctimas desamparadas y a los criminales libres”, afirmó.
Desde la experiencia directa, Luis Montalva, productor de la viña El Campanario en Yumbel, valoró el avance del proyecto, destacando que responde a una preocupación extendida en el sector.
Según comentó, existe una sensación generalizada de inseguridad entre los agricultores, por lo que considera positivo que se plantee un aumento en las penas, aunque advirtió que también es necesario reforzar la presencia policial en los territorios.
El debate político en la Región del Biobío ha sido transversal. El diputado del Partido Social Cristiano, Roberto Arroyo, sostuvo que la iniciativa apunta en la dirección correcta, destacando que el robo agrícola no puede ser considerado un delito menor, ya que afecta directamente a quienes sostienen la economía local.
No obstante, advirtió que el aumento de sanciones no será suficiente si no se acompaña de medidas preventivas. “Pero no basta con aumentar las sanciones. Aquí el foco debe estar en la prevención, y eso significa más presencia de Carabineros en zonas rurales, patrullajes efectivos y una coordinación real con los agricultores”, señaló.
El parlamentario también insistió en la necesidad de fortalecer las herramientas investigativas para desarticular bandas organizadas, advirtiendo que sin control territorial, las nuevas penas podrían quedar sin efecto práctico.
En una línea similar, la diputada del Partido de la Gente por el distrito 21, Lilian Betancurt, enfatizó que el problema debe abordarse desde su raíz: el mercado negro. Según planteó, es fundamental equiparar la responsabilidad penal entre quienes roban y quienes compran bienes sustraídos, promoviendo penas equivalentes y cárcel efectiva para ambos.
Además, propuso avanzar en sistemas de trazabilidad obligatoria para maquinaria e insumos agrícolas, junto con una fiscalización más estricta de desarmadurías, como mecanismo para desarticular las redes de comercialización ilegal.
Por su parte, la diputada UDI, Flor Weisse, valoró que el proyecto reconozca el impacto del robo agrícola en pequeños y medianos productores, así como en la seguridad alimentaria del país.
No obstante, planteó que la iniciativa puede perfeccionarse incorporando medidas preventivas, mayor coordinación institucional y agravantes específicas en casos de crimen organizado o afectación a agricultores de menor escala.
Desde el Partido Demócratas, la diputada Joanna Pérez coincidió en que el proyecto visibiliza una problemática históricamente relegada. Según indicó, no se trata solo de delitos, sino de afectaciones profundas a familias rurales y a toda la cadena productiva.
En ese sentido, respaldó la necesidad de sanciones más severas, pero insistió en complementar la iniciativa con medidas que mejoren la prevención y la persecución penal, especialmente en zonas de difícil acceso.
A estas voces se sumó el diputado Patricio Briones, quien relevó el impacto que este tipo de delitos tiene sobre el tejido productivo regional.
“Como parlamentario por la Región del Biobío, región forestal y agrícola, es un gran avance proteger justamente a aquellos microempresarios, pero principalmente aquellos que luchan día a día, por parar sus proyectos de vida. Mayores sanciones significan quizás una pequeña garantía para proteger el patrimonio, su trabajo y principalmente la tranquilidad de comunidades que ven en estos dos gremios la forma de ganarle decentemente al sistema”, afirmó.