El Gobierno del Presidente Gabriel Boric ingresó al Congreso un proyecto de ley que establece un marco legal para el reconocimiento, calificación y reparación de las víctimas de violencia en el contexto del conflicto intercultural y territorial en la zona sur del país.

La iniciativa, que iniciará su tramitación en el Senado, responde a una de las recomendaciones estratégicas de la Comisión Presidencial para la Paz y el Entendimiento, entregadas en mayo pasado, y aborda hechos ocurridos desde 1990 a la fecha en las regiones del Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos.

El proyecto propone la creación de una comisión encargada de calificar la condición de víctima, la implementación de un programa de atención, acompañamiento y reparación integral, y el establecimiento de un catastro oficial de personas reconocidas como tales. Asimismo, amplía la definición legal de violencia, incorporando manifestaciones como la violencia institucional, las afectaciones a la libre circulación y las vulneraciones a actividades educacionales, económicas, religiosas, sociales o espirituales.

Al respecto, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, señaló que “la Comisión para la Paz y el Entendimiento, que contó con un respaldo transversal desde sus inicios, trabajó firmemente para proponer medidas que permitan establecer una nueva relación entre el Estado y el pueblo mapuche. Y, tal como fue anunciado en su momento, para esto es indispensable el reconocimiento de las víctimas de la violencia en la zona. Con el ingreso de esta ley damos un paso firme en el apoyo de las chilenas y chilenos que viven en las regiones del Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos”.

Por su parte, el subsecretario del Interior, Víctor Ramos, afirmó que “aún cuando llevamos muchísimos años y gobiernos, dando respuestas parciales a muchas de estas víctimas, todavía tenemos mucho por mejorar en la manera en que el Estado le da una respuesta íntegra a todas ellas. Este proyecto se hace cargo de esa deuda”.

La iniciativa considera medidas de reparación que van más allá de la compensación económica, incluyendo reposición de actividades sociales, intervenciones colectivas de contención y prevención de la violencia, así como acciones de memoria, concientización, promoción del diálogo y fortalecimiento de la convivencia.

Finalmente, el encargado nacional de la Unidad de Seguimiento de la Comisión Presidencial para la Paz y el Entendimiento, Fabián Salas, indicó que “la experiencia internacional indica que la paz y la convivencia requieren de justicia y reparación”, destacando que este proyecto se suma a otras recomendaciones de carácter estructural impulsadas por la Comisión.