La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó el segundo informe del proyecto que modifica la Ley de Responsabilidad Penal de los Adolescentes (boletín 15.589), iniciativa que ahora pasará a su segundo trámite constitucional en el Senado. Eso sí, con algunos cambios en la propuesta.

Durante la sesión, las y los diputados aprobaron todas las indicaciones que se propusieron ingresar al proyecto, que fueron visadas previamente por la Comisión de Constitución.

La moción busca fortalecer la respuesta sancionatoria frente a delitos de especial gravedad cometidos por menores de edad.

Entre los cambios, se establece que adolescentes de 14 a 16 años que incurran en delitos como secuestro con homicidio, violación con homicidio o incendio con resultado de muerte, recibirán las mismas sanciones que quienes tienen entre 16 y 18 años.

Esto implica que las penas en régimen cerrado o semicerrado con reinserción social podrán llegar hasta 10 años, el doble del máximo vigente actualmente.

Asimismo, se elimina la calificación de irreprochable conducta anterior para mayores de 16 años que cometan delitos graves, y se introducen ajustes en el recurso de apelación y en los casos de quebrantamiento de internación provisoria, según indica el comunicado de prensa de la Cámara.

En este último punto, se intensificarán los programas de rehabilitación e intervención, y no se podrán solicitar beneficios ni remisión de la pena antes de un año.

Por una parte, los parlamentarios a favor recalcaron que es necesario enfrentar con mayor rigor la participación de menores en la ejecución de delitos de alta gravedad. Asimismo, que “todos los procesos penales en que participen menores con adultos se van a regir bajo la jurisdicción especializada adolescente”, indica la misiva.

Por otra parte, sus detractores criticaron la iniciativa argumentando que ésta no va en línea con el funcionamiento del nuevo Sistema de Reinserción Social Juvenil, aprobado por el Congreso Nacional y que está en pleno proceso de implementación. “A su juicio, la respuesta para abordar la criminalidad de los jóvenes está en dicho cuerpo normativo”, aseveran los parlamentarios que votaron en contra.