La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó por 112 votos a favor y 14 abstenciones la resolución 1500, que solicita al Presidente Gabriel Boric instruir a la Cancillería a condenar las violaciones a los Derechos Humanos en Nicaragua y exigir la liberación de las personas presas políticas.

La propuesta fue presentada por el diputado Cristián Araya, quien recordó que en 2018 la ciudadanía nicaragüense se movilizó pacíficamente contra una reforma al seguro social impulsada por el régimen de Daniel Ortega, lo que derivó en una violenta represión y una crisis de derechos humanos que se mantiene hasta hoy.

El texto aprobado cita un informe del Grupo de Expertos de la ONU, que acusa a 54 altos funcionarios del régimen de Ortega de estar involucrados en crímenes de lesa humanidad, entre ellos detenciones arbitrarias, torturas, desapariciones forzadas, privación de nacionalidad y restricciones a las libertades de expresión, prensa, asociación y religión.

La resolución también pide promover una respuesta regional frente a la crisis de apátridas generada por el régimen y exhortar a los Estados latinoamericanos a adoptar mecanismos de protección y regularización para las personas afectadas.