Con el fin de reforzar la responsabilidad parental y garantizar el buen uso de los recursos fiscales, el Senado aprobó por unanimidad el informe de la Comisión Mixta que establece que los deudores de pensión de alimentos no podrán adjudicarse programas o instrumentos financiados por la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID). La medida ahora deberá ser ratificada por la Cámara para convertirse en ley.

La senadora Carmen Gloria Aravena, presidenta de la Comisión Mixta, explicó que la iniciativa busca incentivar el cumplimiento de la obligación alimenticia antes de la admisibilidad y adjudicación de becas. “No se prohíbe postular, pero entre la postulación y la adjudicación existe un plazo para que los solicitantes se pongan al día con su deuda. Así se evita que la pensión se pague con fondos públicos”, detalló.

Durante la sesión, intervinieron los senadores Alfonso de Urresti, Gustavo Sanhueza e Iván Flores, junto a la ministra de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Aisén Etcheverry. Todos coincidieron en la importancia de fomentar un cambio cultural y remarcar que pagar una pensión de alimentos “es un deber esencial, no opcional”.

El proyecto modifica la ley 14.908 sobre abandono de familia y pago de pensiones alimenticias, considerando el principio de responsabilidad pública en la gestión de los fondos fiscales. De este modo, se busca que quienes reciben recursos individuales para investigación y desarrollo cumplan primero con sus obligaciones familiares.

Durante la tramitación en la Cámara, la directora de la ANID informó que en 2024 se detectaron seis casos de deudores que habrían accedido a beneficios, situación que la nueva normativa pretende evitar de manera estructural.