En un simposio organizado por la Asociación de Gobernadores y Gobernadoras Regionales de Chile (Agorechi) y la Asociación de Municipalidades de Chile (Amuch) que abordó el impacto de la Ley N° 21.595 y sus impactos en el sector público, así como los nuevos estándares de integridad y fiscalización que exige el marco normativo vigente, la Contraloría General de la República (CGR) entregó un análisis respecto de la probidad y la transparencia en el Estado a nivel regional.

En la instancia, realizada en el edificio del Gobierno Regional del Biobío, el contralor regional, Víctor Henríquez, detalló el proceso de auditorías que se realiza en todo el país. En ese punto, el encargado del ente fiscalizador en Biobío detalló que el mecanismo de control cuenta con tres etapas, las que consisten en la planificación, la ejecución y el seguimiento.

Al momento de explicar la última etapa fue donde Henríquez manifestó su preocupación respecto de los organismos públicos en la Región, ya que, según indicó, el 70% de las observaciones que entrega la Contraloría no son subsanadas posteriormente.

“Me ha tocado hacer unos seguimientos, porque es como el periodo en que nosotros emitimos los seguimientos y la verdad es que con bastante desazón tengo que decir aproximadamente de nuestras observaciones no son subsanadas posteriormente. No son subsanadas cuando nos responden un preinforme, ni son subsanadas al cabo de 30, 60, 90, 180 días hábiles”, puntualizó el contralor regional.

En la misma línea, Henríquez recalcó que la Contraloría es el tercer nivel de control dentro del servicio público, enfatizando que como institución deben ejecutar un control posterior.

“Nosotros somos 2 mil 200 funcionarios a nivel nacional y tenemos que fiscalizar la acción de todo el Estado. Entonces queremos que nos colaboren”, comentó.

Otro punto que sostuvo el contralor regional, en medio de su reflexión, es que “se debe generar una cultura de la integridad, es decir que la integridad tiene que estar en el centro de la institución”.

Por su parte, el gobernador regional del Biobío, Sergio Giacaman, quien también fue parte del simposio, destacó la actividad y relevó la importancia de la implementación de la normativa y robustecer la capacidad del Estado en cada uno de los servicios.

Asimismo, Giacaman se refirió a los más de $86 mil millones transferidos por el Gore en años anteriores que están pendientes de rendición o de reintegro, de acuerdo al último informe de Contraloría y dijo que “desde que llegamos hemos trabajado primero en generar un equipo de trabajo para cerrar los programas que no cumplen con las rendiciones, que no cumplen con la reintegro de los recursos, incluso en algunos casos hemos llegado a poner querellas y vamos a seguir tomando todas las acciones judiciales necesarias”.

En tanto, el alcalde de La Reina, José Manuel Palacios, presidente de la Asociación de Municipalidades de Chile, destacó la realización del simposio y también abordó los cuestionamientos que han surgido al servicio público tras los múltiples informes que ha entregado la CGR en el último tiempo.

Bajo ese contexto, Palacios afirmó que “lo que está sucediendo hoy es que se están transparentando ciertos vicios que se han dado durante mucho tiempo y eso es bueno porque eso es una oportunidad de mejorar y corregir el rumbo. Este tipo de simposio nos permite entregar justamente las herramientas para que eso suceda. Vamos a seguir en esa misma línea, vamos a seguir fortaleciendo y trabajando coordinadamente con los gobiernos regionales y con los municipios para poder entre todos sumar fuerza y poder avanzar en ciertos cambios normativos”.