El documento incluye 21 propuestas en cinco áreas clave, entre ellas justicia, tierras y reparación a víctimas.
Por Hugo Ramos Lagos
Con la aprobación de la propuesta elevada por la Comisión por la Paz y el Entendimiento, y su reciente recepción por parte del Presidente, Gabriel Boric, se cerró un extenso proceso de asesoría para el Gobierno en pos de mediar diversos puntos del conflicto territorial con el pueblo Mapuche.
Durante el funcionamiento de la Comisión, se desarrollaron sesiones, audiencias, diálogos interculturales y autoconvocados, que entre julio de 2023 y enero de 2025, contaron con la participación de más de 5 mil personas en 31 comunas del Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos.
Tras la entrega del informe final, el Presidente Boric destacó el trabajo de las y los integrantes de la Comisión. “Recibo este documento con mucho orgullo y agradecimiento por el trabajo realizado, porque, como bien dijeron los copresidentes, ustedes, comisionados, de manera voluntaria trabajaron por la paz (…) poniendo el diálogo por delante”, expresó.
En total se formularon 21 propuestas, organizadas en cinco áreas clave. En justicia y reconocimiento, se planteó el reconocimiento constitucional y organizativo del pueblo mapuche, la revitalización cultural y lingüística, la representación política, la creación de un órgano indígena de alto nivel y la aplicación de consulta indígena.
En reparación a víctimas, se propuso una ley específica, un órgano reparatorio y mecanismos diversos de compensación. Respecto a tierras, se definieron las bases del acuerdo, la transición institucional, una agencia de reparación, ajustes contractuales, cesión de tierras forestales, funcionamiento de la agencia, criterios de reparación y rol del Tribunal Arbitral.
Sobre el desarrollo territorial, se abordó el fortalecimiento económico de las regiones. Y finalmente, como garantías de implementación, se recomendó acompañamiento al nuevo sistema de tierras, acceso a financiamiento y ejecución efectiva de estas medidas.
Consultado por Diario Concepción, el ahora excomisionado por la Paz y el Entendimiento y representante del Biobío en la instancia, Adolfo Millabur, sostuvo que lo propuesto abarca tres elementos: “En primer lugar, una reestructuración de lo que es la institucionalidad a cargo de resolver el tema de la tierra en la CONADI; lo segundo es discutir la modificación de la Ley Indígena”.
“La tercera cuestión es abordar con las víctimas lo que ha significado el conflicto en nuestro territorio de manera integral”. “Víctimas hay de todas las partes, tanto personales como también a raíz de la infraestructura”, complementó.
Ahora bien, el dirigente también explicó la creación de la Agencia de Reparación. Según él, “la CONADI se mantendría, pero cumpliría otra función, ya que recibe las demandas, las profesa y las resuelve; por tanto tiene un rol multidimensional”.
Por último, en cuanto a los US$4 mil millones estimados para financiar la reparación territorial, Millabur recalcó que “no es una creación nuestra, lo que hicimos fue un cálculo dentro del marco de la Ley Indígena”.
“Eso lo identificamos como el principal problema, porque si bien la CONADI reconoce un derecho para las comunidades, no tiene los recursos ni la institucionalidad suficiente para activar las soluciones. Entonces, hay comunidades que esperan 25 o 30 años para que les den la posibilidad de comprar las tierras”, añadió.
Asimismo, la encargada de la unidad de Pueblos Originarios del Gobierno Regional del Biobío —también excomisionada—, Gloria Callupe, expresó que todo el trabajo de números se desarrolló a través de un equipo especialista en estadísticas; lo que hicieron fue hacer un cálculo respecto de aproximadamente 1.700 comunidades que hoy tienen aplicabilidad y solicitud ingresada en CONADI.
“CONADI compra —en promedio— 10 hectáreas por familia, y aproximadamente 14 o 15 predios al año; entendiendo que al 93 % de las comunidades se les reconocen los derechos. Entonces, el cálculo que se hizo refiere a cuánto el Estado se va a demorar, de acuerdo al promedio en el que compra”, aseveró.
Consultada por la composición del Tribunal Arbitral, Callupe declaró que estaría conformado por personas mapuches y no mapuches. “Lo que hemos considerado nosotros es que quienes conformen el Tribunal sean profesionales o líderes que conozcan la realidad del territorio, y que por lo tanto, puedan entregar resoluciones pertinentes”.
Previo a su publicación, el acuerdo no estuvo exento de complicaciones, pues, a pesar de haberse autoimpuesto un criterio de unanimidad entre los comisionados, este informe alcanzó un acuerdo de siete sobre ocho.
A raíz de aquello, Callupe argumentó que las diferencias son naturales cuando se trata de un conflicto de esta naturaleza. “A pesar del disenso, hay una amplitud (…). Mantengo la fe en que las autoridades analizarán este documento y se perfeccionará lo que hay que perfeccionar. Hoy lo que hemos presentado al Presidente es una hoja de ruta transversal”.
En la misma línea, Millabur aseguró que aquella regla autoimpuesta no iría más allá de una declaración de voluntad. “Creo que no vale la pena comenzar a discutir eso”, señaló.
A pesar de todo, aún queda pendiente el debate parlamentario. Por ende, varios congresistas de la región comentaron su postura al respecto, tal como lo hizo el senador por el Biobío, Gastón Saavedra (PS).
“Se terminó un proceso cuyo centro fue el diálogo democrático, el cual permite que se construyan acuerdos”. “Estos indefectiblemente nos van a llevar por el camino del entendimiento y de la paz”, reconoció.
Sin embargo, Saavedra expresó su decepción por la falta de unidad en el respaldo al informe final: “Me hubiera gustado que se hiciera unánime, pero yo siento que no hay capacidad de tener una visión estratégica y más bien una visión que solo privilegia intereses mezquinos y particulares”.
En paralelo, la diputada por el Distrito 20, María Candelaría Acevedo (PC), estimó que “las propuestas entregadas al Presidente trazan una serie de lineamientos concretos para poder ponerle fin a la histórica deuda que el Estado tiene con los pueblos originarios”.
Desde la oposición fue el propio diputado y presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, quien criticó el resultado, comentando que “el acuerdo no implica un cierre definitivo de este conflicto y puede mantenerlo en el tiempo abierto, si es que en el plazo de seis meses la cantidad de tierras que se ofrece no alcanza para cubrir las demandas de las comunidades mapuches y, por lo tanto, este es un acuerdo que en principio no podemos apoyar“.