Se trata de personas que recibieron rentas u honorarios de casas edilicias y que no están registradas como funcionarios municipales. Talcahuano, Tomé y Coronel son las que concentran más casos.
La Contraloría General de la República (CGR), mediante información proporcionada por el Servicio de Impuestos Internos (SII), reveló que, a nivel nacional, aproximadamente una de cada cinco personas que trabajan en la administración de las municipalidades no se encuentran registradas en el Sistema de Información y Control del Personal de la Administración del Estado (Siaper).
El ente contralor, en específico, identificó en el análisis publicado esta semana que más de 106 mil funcionarios municipales no están registrados en dicha plataforma, pese a que de igual forma recibieron una renta u honorarios de una municipalidad entre 2022 y 2023.
En el desglose, Biobío es la región que registra la mayor cantidad de casos con 16 mil 659 personas que recibieron rentas u honorarios de una municipalidad, de acuerdo a información del SII, y que no están registradas como funcionarios municipales. En el listado le sigue la Región Metropolitana con 16 mil 125 casos, y en tercer puesto la Región de Valparaíso 12 mil 168.
La cifra entregada por la CGR genera interrogantes sobre la existencia de los denominados “funcionarios fantasmas” o graves deficiencias en los procesos administrativos y de control interno de las casas edilicias en Biobío y el país.
Entre los municipios de Biobío con mayor cantidad de personas no registradas como funcionarios municipales está Talcahuano con 1.764 casos, Tomé con 1.726, Coronel con 1.498, Curanilahue con 1.497, Lebu con 1.123, Santa Bárbara con 1.023 y Chiguayante con 987.
De acuerdo con el reporte, a pesar de la obligación legal establecida en la Ley N°18.695, que exige a las municipalidades comunicar a la Contraloría los actos administrativos relativos a su personal para su inscripción en el sistema de control del ente fiscalizador, se ha constatado un incumplimiento en todos los municipios del país.
Asimismo, el ente contralor identificó que un grupo de administraciones comunales no sólo omitieron su obligación, sino que también no respondieron a los requerimientos del Plan Nacional de Monitoreo y Control Municipal del ente fiscalizador. En Biobío, las comunas son Coronel, Tomé, Lebu, Santa Bárbara y Chiguayante.
Para llegar a estos resultados, la Contraloría desarrolló dos estrategias a fin de verificar el cumplimiento de este deber municipal: el Plan de Monitoreo y Control Municipal, además de un análisis comparativo de datos entre las declaraciones de renta presentadas ante el Servicio de Impuestos Internos (SII) y Siaper.
Asimismo, el mencionado informe arroja que Arica encabeza la lista de comunas con actos administrativos no registrados en el sistema con 17 mil 217 casos. Le siguen Caldera, con 12 mil 809; Huara con 10 mil 926; Copiapó con 8 mil 739; y Curanilahue con 6 mil 902.
Del total de 345 municipios a nivel nacional, 231 cumplieron satisfactoriamente con el proceso requerido; sin embargo, un 43% de los actos administrativos reportados por estas entidades locales no se encuentran asentados en la plataforma SIAPER, según reveló Contraloría. En Biobío la omisión alcanzó un 33%.