Incertidumbre, alza de desconfianza en el sistema y a la espera de una respuesta concreta por parte de la Suprema: la evaluación de parlamentarios y parlamentarias locales por los dichos de Ángela Vivanco.
“Los excedentes que las Isapres tienen que devolver son a quienes demandaron”, en otras palabras, no a todos los usuarios del Sistema Privado de Salud que se verían favorecidos por el fallo del máximo tribunal de la nación. Con esas palabras, la ministra vocera de la Corte Suprema (CS), Ángela Vivanco, ocasionó un sismo entre el Gobierno y el Poder Judicial, en lo que refiere a los lineamientos de la información que se tenían para hacer cumplir el dictamen contra las Instituciones de Salud Previsional.
Y fue sorpresa para todos. Incluso, el mismo Presidente de la República, Gabriel Boric, abordó el tema en una entrevista para Chilevisión diciendo que “es importante que todos concordemos en que los tribunales de justicia y los jueces, en las materias que les competen a través de su jurisdicción, hablen a través de los fallos y no en entrevistas. (…) Dicho esto, por supuesto que sorprenden las declaraciones de la ministra Vivanco, pero como en Chile las instituciones funcionan, lo que vamos a hacer es presentar un recurso de aclaración”.
En efecto, el Ministerio de Salud, a través de su cuenta de Twitter, publicó que “la Superintendencia de Salud presentará un recurso de aclaración para que se precisen los aspectos a los que alude la vocera de la Excelentísima Corte Suprema en un medio de prensa, referidos al fallo de las Isapres y que, al parecer, difieren del entendimiento previo”.
Las últimas líneas son en referencia a lo expuesto formalmente por el fallo de la Corte Suprema, en donde se indica que las Isapres deben devolver más de 1 billón de pesos (US$1.400) a sus afiliados, que serían aproximadamente 725 mil 878 usuarios beneficiados, producto de los cobros en exceso por tablas de factores.
En relación al debate que se generó luego de las palabras de la ministra Vivanco, congresistas de la Región del Biobío dieron sus puntos de vista y, en factor común, coincidieron en que este revuelo solo alimenta la incertidumbre sobre cómo se procederá a resolver el dictamen de la CS, sobre qué deberían hacer los usuarios de las Isapres, además del aumento de la desconfianza hacia las instituciones del Estado.
El senador de la República, Sebastián Keitel (Evópoli), señaló que “me preocupa que conforme pasa el tiempo, aún no exista claridad respecto a la implementación del fallo. Esto genera más incertidumbre al sistema y afecta a los cotizantes. Por lo mismo, espero que se despeje cuanto antes cualquier cambio de criterio, si es que lo hubiera, mediante una respuesta formal de la Corte Suprema, más allá de declaraciones por la prensa, que pueden entenderse como opiniones personales de sus integrantes”.
En esa misma línea, el senador socialista, Gastón Saavedra, indicó que las palabras de la ministra Vivanco “me parecen inapropiadas, toda vez que no entregan certidumbre a quienes son los principales afectados que son quienes sufren el alza unilateral en consulta del valor de sus programas. Por lo tanto, aquí no hay, a mi entender, una forma coordinada de asumir la representación del Poder Judicial que es su trabajo”.
Agregó que es prudente y urgente una formalización y sistematización sobre el proceder del fallo y que estas situaciones no pueden estar comunicándose a través de la prensa. “Acá hay fallos que cumplir y si el Presidente de la República, como lo ha dicho, va a pedir una nota aclaratoria, que se haga”.
Por su parte, el senador, Enrique Van Rysselberghe (UDI), expresó que esta situación genera un cambio importante en cómo enfrentar el fallo de la Corte Suprema y la ley corta de Isapres que se está discutiendo en el Senado. “Estimo que luego de esta entrevista, es total y absolutamente necesario que la tercera sala de la corte suprema emita a la máxima prontitud posible una aclaración formal sobre el asunto. Con todo, hoy lo más prudente es esperar lo anterior y estar muy atento a como las partes involucradas solucionan jurídicamente esta lamentable controversia”.
La diputada María Candelaria Acevedo (PC) fue enfática en señalar que “los dichos son a lo menos confusos” y que “llama la atención que sea ahora (…), justo en un momento en el cual hemos visto una campaña mediática por parte de las Isapres, quienes han señalado que ejecutoriar esta sentencia llevaría a la desaparición de las mismas. A eso se suma el proyecto alternativo de Senadores, que es un salvataje de las Isapres, y del cual hoy, junto a otros parlamentarios presentamos un requerimiento al Tribunal Constitucional para solicitar la declaración de inconstitucionalidad”.
Añadió que “es una declaración que, desde mi perspectiva, le resta peso en miras a la ciudadanía a la Corte Suprema, específicamente a la Tercera Sala. Son dichos que llaman a confundir a algo que habíamos entendido – al parecer de forma errónea – sobre el fallo de la Corte, y que principalmente, dan la sensación que nuevamente se busca proteger a quienes han abusado de los usuarios durante años con cobros excesivos”.
“Aquí hay que destacar que el presidente de la Corte Suprema ha dejado claro que los dichos de la ministra Vivanco fueron expresados a título personal. Sin embargo, considero que las declaraciones de la vocera del máximo tribunal hacia un medio son irrespetuosas hacia los derechos de los usuarios de las Isapres”, dijo la diputada Marlene Pérez (Independiente-UDI).
A lo que añadió que “no es justo ni razonable que solo aquellos con la capacidad y los recursos para presentar demandas judiciales se beneficien. Esto crea una división entre ciudadanos de primera y segunda categoría, contradiciendo el principio de igualdad ante la ley. (…) hago un llamado a las Isapres a cumplir con su rol social y a acatar lo dispuesto por la justicia. No podemos seguir tolerando que se lucre con la salud de los chilenos y chilenas, que se discrimine por edad, sexo o preexistencias, que se cobren precios excesivos o que se nieguen prestaciones. Las Isapres tienen que adaptarse a las nuevas realidades y necesidades de la población”, dijo Pérez.
Para el diputado, Eric Aedo (DC), los fallos de los tribunales de justicia se deben a cumplir sí o sí. “Ahora, en este caso se abrió una duda respecto a los alcances del dictamen de la Corte Suprema. Claramente que esto genera incertidumbre, porque algo que se creía que era de aplicación general para todos los afiliados ahora cambia. (…) Pero, más allá de eso, lo que corresponde es que las instituciones operen y afortunadamente aún estamos a tiempo para una aplicación correcta del fallo de la Corte Suprema”.
También hay que considerar que en sus declaraciones la ministra deja abierta la opción para que los afiliados que no demandaron y que no estarían implicados en este fallo, están en su derecho de realizar las demandas. En consecuencia, seguiría abierta la judicialización entre los afiliados y las Isapres, lo que también es complejo. (…) Esta semana será fundamental para resolver este tema, pensando en el cumplimiento del fallo y pensando también en la viabilidad del sistema”, dijo Aedo.
Ahora bien, según un artículo publicado por La Tercera, los recursos de protección que se han presentado ante las Cortes de Apelaciones en relación al alza en la tabla de factores son 117 mil 547 (estudio por Fundación Politopedia), y, en el caso hipotético de que la Corte Suprema confirmará un nuevo criterio en base a lo dicho por Vivanco, se deberán estudiar aquellas causas y, de las mismas, saldría el nuevo monto que las Isapres debiesen devolver.
Además, dentro de las últimas informaciones nacionales, la ministra vocera de la CS, Ángela Vivanco, negó un cambio de criterio del fallo en relación a sus dichos, y argumentó que solo dio una visión personal, misma respuesta que entregó el presidente de la Corte Suprema, Juan Eduardo Fuentes, al calificar sus palabras de “declaraciones personales”. A lo anterior, se incluye que tres Isapres ya presentaron recursos de aclaración a la Corte Suprema para aclaración del procedimiento efectivo del fallo: una afiliada de Colmena Golden Cross S.A., Banmédica y Vida Tres.