El mundo político hace su análisis sobre lo que debe incluir la propuesta para la construcción de una nueva carta fundamental. Hay algunos avances.
El proceso constitucional tuvo nuevos cambios tras el triunfo del Rechazo hace casi dos semanas. Y si el protagonismo frente a la propuesta de un nueva carta magna lo tenía la ciudadanía, ahora lo tienen los parlamentarios, quienes deberán definir el nuevo derrotero donde se fijarán los plazos y formas en que se llevará este proceso.
El comienzo no ha estado exento de polémica, ya que se habla como fecha tope el 11 de septiembre de 2023, cuando se cumplan 50 años del golpe militar, para que exista una nueva carta fundamental. No obstante, el Servel ha manifestado que estará en condiciones de realizar comicios recién en 2023.
A esto se suma que no todas las fuerzas políticas se encuentran participando de las conversaciones de este nuevo proceso, entre ellos, el Partido Republicano.
El presidente nacional de la DC, Aldo Mardones, indicó que la postura del partido en esta materia es que “el nuevo texto constitucional debe ser elaborado por un nuevo órgano 100% electo, con apoyo de un comité de expertos con derecho a voz y no a voto, con un plazo de trabajo de entre seis a siete meses, y tenemos que analizar la forma de elección de los nuevos constituyentes”.
Y como ahora el Congreso es el protagonista de todos los acuerdos, los mismos parlamentarios entregaron sus visiones del proceso.
En el oficialismo la postura es avanzar en un acuerdo que incluya todas las posturas políticas. “El PS cree que se debe avanzar lento, pero sin pausa, con respeto para todos, construyendo confianza ante un gran acuerdo nacional y demostrar al país este camino estratégico para el proceso. Esto debe ser en un tiempo prudente y ojalá con un plebiscito de salida antes del 11 de septiembre del próximo año”, aseveró el senador Gastón Saavedra (PS).
La diputada María Candelaria Acevedo (PC) apuntó a que “no se puede perder más tiempo considerando las carencias de la ciudadanía y las trabas que la derecha ha puesto a las grandes transformaciones sociales históricamente y que hoy vemos nuevamente con la actitud de patrones de fundo que han adoptado ante este nuevo proceso constituyente. De seguir así, difícilmente creo que podamos tener una nueva constitución antes de los 50 años del golpe cívico-militar”.
En la Falange, el jefe de la bancada de diputados, Eric Aedo, comentó que “los parlamentarios van a implementar este acuerdo y septiembre de 2023 es un plazo que no tiene viabilidad por un tema procedimental. El Servel dice que no se puede hacer una elección este año. Acá hay mínimos comunes aprobados, como la paridad de género, 100% elegida y el voto obligatorio”.
En la oposición, eso si, apuntan al rol que puede jugar en estas negociaciones el gobierno, a través de la Segpres.
El senador Enrique van Rysselberghe, opinó que “el proceso debe avanzar a una velocidad adecuada, pero no a los tiempos que proponía el gobierno, debe ser relativamente pronto y en tierra firme. Lo importante es generar mínimos básicos, establecidos por los parlamentarios de Chile Vamos con expertos y ahí avanzamos”.
A la vez que la diputada Marlene Pérez estimó que “nos estamos equivocando y es la ciudadanía la que tiene que decidir y acá hay personas que están en los extremos. Acá todavía no hay ningún acuerdo y se está recién viendo los bordes”.
Su par Flor Weisse complementó que “tenemos un compromiso con las personas de entregar una constitución que nos una, que incluya las necesidades de las personas y es precisamente eso lo que estamos trabajando. No queremos repetir los errores del pasado por acelerar las cosas. Aquí se debe respetar lo que pidió la gente y no precipitarnos a un nuevo proceso que puede resultar en más de lo mismo”.