Toda persona tiene derecho a la educación. La educación es un deber primordial e ineludible del Estado. Se establece una serie de fines y principios que rigen para todo el sistema de educación.
Se establece un Sistema Nacional de Educación, integrado por los establecimientos y las instituciones de educación parvularia, básica, media y superior, creadas o reconocidas por el Estado y se indica que el Estado debe financiar este Sistema de forma permanente, directa, pertinente y suficiente a través de aportes basales, a fin de cumplir plena y equitativamente con los fines y principios de la educación.
Se dispone que la educación pública constituye el eje estratégico del Sistema Nacional de Educación. El Estado debe financiar este Sistema de forma permanente, directa pertinente y suficiente a través de aportes basales. Se establece una serie de normas en materia de Educación Superior: instituciones que lo componen; fines; financiamiento; acceso y permanencia; gratuidad, entre otras.
Se garantiza la libertad de enseñanza. Esta comprende la libertad de madres, padres, apoderadas, apoderados y tutores legales a elegir el tipo de educación de las personas a su cargo. Se establece una serie de normas en materia de libertad de catedra y rol de los profesoras y profesores y asistentes de educación.
Los derechos en materia de educación contenidos en la propuesta de nueva Constitución se encuentran protegidos por la acción de tutela de derechos fundamentales, contemplada en el artículo 119 de la propuesta.
