La autoridad se refirió al proceso de restitución de tierras que lleva a cabo el gobierno y la forma en que se trabajará en la zona. Llamó al diálogo de todos los actores involucrados, incluyendo a las forestales.
La actual administración gubernamental ha comprometido mejorar la relación con los pueblos originarios que existen en el país, especialmente con aquellos que se sientan más postergados.
Hace unos días el director nacional de la Conadi, Luis Penchuleo, sostuvo una reunión con los alcaldes de la Provincia de Biobío, quienes le señalaron a la autoridad las problemáticas que tienen en la zona, específicamente con la baja cantidad de recursos al concentrarse las comunas con menores recursos de la Región.
Tras este encuentro, el directivo conversó con Diario Concepción y aseveró que “fueron múltiples las problemáticas que pudimos detectar y comunes. Vemos que los recursos son insuficientes en el área de educación, salud y vivienda. Los alcaldes reclamaron por la excesiva burocracia que tiene el Estado en la lentitud, para poder visar los proyectos y su resolución técnica general fueron parte de las múltiples problemáticas que pudimos detectar”.
-¿Cómo se puede conjugar la problemática de vivienda que hay en la Región con los terrenos existentes, varios de ellos ancestrales?
-Primero hay que hacer el estudio, levantar la información y evidentemente, en algunos casos, vamos a encontrar una colisión de derechos. Por un lado, la tierra indígena que está protegida por ley y por otro, la necesidad de las familias de poder contar con una vivienda.
-¿Cuál será la prioridad para el gobierno en este caso?
-Eso no lo puede determinar el gobierno, lo tiene que definir la ley y hoy día estamos en un marco jurídico legal que las leyes tienen categoría. Eso va a tener que ser parte de la discusión y de los informes que se van a solicitar en esta semana.
-Los alcaldes de la Provincia de Biobío cuestionan la dificultad que tienen para acceder a recursos y se analiza el ingreso de algunas comunas a una zona de rezago. ¿Cómo confluye eso con el Plan Buen Vivir?
-La zona de rezago es un instrumento que hoy día existe, está en la ley. Junto con eso, se exige una modificación de criterios en la evaluación técnica, principalmente se están estudiando para priorizar y agilizar que los recursos finalmente lleguen a los territorios de la comunas más lejanas, donde generalmente no se produce desarrollo y se genera también un centralismo en las regiones y en las capitales provinciales.
-¿Cómo se va a trabajar la devolución de tierras con las comunidades de la Región?
-La restitución de tierras va a ser una prioridad en este gobierno, lo anunció el Presidente, lo dijo la ministra y yo en mi calidad de director nacional también lo mantengo. Tenemos un listado de 709 comunidades que hoy día están con aplicabilidad, es decir, tienen el derecho a la restitución a nivel global. En la Región del Biobío son 55 comunidades que hoy día tienen esta condición. Las comunidades se encuentran en la provincia de Arauco y la zona del Alto Biobío.
-¿En qué plazos pretenden concretar esta restitución?
-En el marco que nos da la ley y de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria. Seguramente cuando finalicemos los cuatro años de gobierno vamos a ser el gobierno que mayor cantidad de hectáreas va a haber restituido al pueblo mapuche. Hoy tenemos 55 comunidades en la Región del Biobío y la cantidad de hectáreas aún no se ha definido, ya que va a depender de los diálogos que tengamos con las comunidades.
-¿Cuándo comenzará el diálogo para este catastro?
-Eso tiene que ser parte del proceso de diálogo y parte finalmente de un acuerdo político que tiene que hacer el Estado con las comunidades, con las forestales, con los agricultores y con muchos actores que hoy día están de alguna manera involucrados en el conflicto, pero que tiene que ser también parte de la solución. Es un tema de largo aliento y seguramente nosotros como gobierno no lo vamos a solucionar, es un problema que se arrastra de siglos, pero vamos a dejar el camino hecho que apunte hacia un proceso de diálogo y de convivencia intercultural que todos deseamos.
-¿Pero no hay una contradicción en sus declaraciones, ya que dice que no se va a lograr una solución?
-Seguramente vamos a entregar la mayor cantidad de hectáreas, pero no son suficientes. Un ejemplo, 700 comunidades no es nada. Nosotros vamos a avanzar en un promedio de 30 comunidades por año, en los cuatro años son 120 aproximadamente. De esas 700 se nos van a quedar 600 aproximadamente en la cola y sin otras 300 comunidades que hoy día están tramitando el proceso de aplicabilidad, llegaríamos a más de mil. Son tremendas comunidades que están en las cuatro regiones Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos. Por lo tanto, con el actual marco normativo que el Estado tiene para la restitución territorial, nos vamos a demorar varias décadas, quizás un siglo. No tenemos, por supuesto, los tiempos para solucionar los conflictos en ese rango. Entonces, qué es lo que necesitamos un acuerdo político con las comunidades, con el pueblo mapuche, con el Estado, con las forestales, con los agricultores, en el fondo, para que digamos cuál es la solución, cuál es la vía. Buscaremos nuevos mecanismos de restitución y eso inevitablemente no se hace en cuatro años vamos a tener que marcar la ruta, como lo he dicho, para que otros gobiernos sigan cumpliendo ese compromiso de Estado que vamos a hacer nosotros en este periodo.
-¿Qué estimación tienen para la Región del Biobío durante este periodo?
-Ojalá en el Biobío podamos avanzar proporcionalmente más que en otras regiones, porque son menos. Ahora nosotros no estamos haciendo una priorización por región, sino que estamos tomando a las comunidades que tienen una reclamación más antigua en su demanda y estamos avanzando con ella en la medida en que técnicamente vayan más cerca del proceso de compra, porque como se trata de un derecho y el proceso de restitución están en la ley, no es posible hacer una priorización como si fuera un beneficio social que no lo es. Es decir, el fondo es la restitución de un derecho.