El convencional ahondó en varios puntos que se cuestionan al borrador de la nueva Constitución y señaló que el documento asegura libertad de culto, de enseñanza, no se eliminan los Estado de Excepción y se garantiza unidad en la aplicación de justicia.
Ha pasado casi un año desde el inicio del trabajo de la Convención Constitucional y el próximo lunes 4 de julio se bajará la cortina, cuando el texto final sea entregado al Presidente, Gabriel Boric.
Desde entonces, ya no habrá convencionales constituyentes, la ciudadanía estará sola frente al futuro texto a plebiscitar y las campañas del Apruebo y Rechazo. Es por ello que muchos de los actuales representantes de la instancia se han desplegado en regiones para dar a conocer el trabajo que han realizado, en detalle y lejos de las fake news con las cuales han tenido que lidiar.
En ese objetivo, quien fuera vicepresidente de la Convención, Jaime Bassa, estuvo en Concepción y conversó (clarificó) todas las dudas (fake news) que han circulado, en este periodo. Pero, al momento del análisis y mirar en perspectiva, recordó que uno de los temas más complejos fue la instalación.
“Llegar esa primera semana de julio al edificio del ex Congreso Nacional y generar las condiciones para que la Convención funcionara bien, fue una carga muy importante. Ese trabajo, junto con la presidenta de entonces, Elisa Loncón, lo asumimos con gran responsabilidad”, comentó.
Recordó que se tuvo que realizar mucho trabajo que no se ve, que por lo demás se hizo “con el gobierno en contra”. Luego vino todo el proceso de creación del reglamento que se extendió hasta comienzos de octubre del año pasado. Fue entonces, que empezaron las primeras noticias falsas, que incluso el propio presidente Piñera “contribuyó a difundir”, sostuvo Bassa.
“Tuvimos noticias falsas, como una que difundió el propio Presidente de la República, Sebastián Piñera, que la Convención Constitucional estaba terminando con el derecho a la libertad de enseñanza y con el derecho de los padres a elegir el establecimiento de los hijos (…). En ese momento no lo habíamos discutido y ahora sigue siendo falsa, porque es un derecho que está garantizado en el borrador de la nueva Constitución y está protegido con mayor intensidad, porque establece los elementos para que el Sistema Nacional de Educación entregue a todos nuestros hijos e hijas educación de calidad. Esas noticias falsas estuvieron permanentemente destinadas a alimentar las dudas que la ciudadanía legítimamente tiene. Enfrentar eso desde la Convención fue complejo”, sostuvo.
-A propósito de eso, desde la Corporación de Colegios Particulares Subvencionados se ha dicho que votar Apruebo implicaría el cierre de algunos colegios y el término en el pago de algunas subvenciones.
– Ningún colegio va a cerrar y el financiamiento público a los colegios subvencionados tampoco se va a terminar cuando se apruebe la nueva Constitución. El derecho a la educación de niños, niñas y adolescentes, el derecho y deber de las familias de educar a sus hijos, y la libertad que tienen las personas de levantar proyectos educacionales están presentes y garantizados en la nueva Constitución. También está garantizada la forma en que la ley va a regular el financiamiento de las instituciones públicas y privadas que concurren en el sistema de Nacional de Educación. La gran diferencia, es que esta nueva Constitución abre la discusión y se las entrega al legislador, no la cierra. La nueva Constitución identifica los temas más complejos, como son la educación, establece los principios básicos en los cuales se va a estructurar el sistema, como inclusión, formación ciudadana, educación sexual integral, y luego la entrega a la ley para definir el detalle, por ejemplo, el financiamiento.
Pero eso esas no han sido las únicas fake news, de hecho, la lista es larga. Bassa recordó que en algún momento se habló que la futura carta fundamental atentaba contra la libertad de culto, “pero en ese momento, tampoco se había discutido. Además, en materia de libertad de culto la nueva Constitución es más protectora y garantista que la actual”.
Contó que el borrado de la nueva carta fundamental “reconoce la libertad de culto, la libertad de conciencia, pero además declara el carácter laico del Estado de Chile, que no se había hecho nunca en 200 años”.
-También se ha dicho que vamos a tener muchas formas de justicia.
-Lo que hace la nueva Constitución en materia de justicia indígena es reconocer y formalizar una práctica que hoy existe. Hoy existen problemas de relevancia jurídica, entre integrantes de un mismo pueblo originario, que se resuelven siguiendo criterios que emanan de sus costumbres y usos ancestrales. Lo que se hace es reconocer aquello e incorporarle en un único sistema de justicia. Pero siempre la última palabra la tiene la Corte Suprema, lo que garantiza la unidad en la aplicación de justicia. Es importante señalar que, en esta materia, hay un límite que es infranqueable, que establece las condiciones dentro de las cuales se puede aplicar la justicia indígena, solo para conflictos entre personas de un mismo pueblo originario.
-Es decir, en el caso que una persona de un pueblo originario cometa un crimen contra un chileno, no se resuelve por medio de la justicia indígena.
– Efectivamente. Lo resuelve un tribunal chileno, conforme a la ley chilena (…). Esto se discutió porque hay otros sistemas jurídicos en otros países, que establecen una suerte de derecho de opción, donde las personas involucradas en conflictos que tienen que se resueltos por tribunales eligen. Nosotros cerramos esa puerta. Y esto no va a depender de cada pueblo originario, sino de las condiciones que fije el legislador nacional.
-Otro tema que se ha expuesto como negativo, es que el borrador no establece Estados de Excepción.
– No es efectivo. El borrador establece tres estados de excepción: de Asamblea (en caso de guerra), de Sitio (se utiliza en casos equivalentes a la guerra civil) y de Catástrofe. El último se utiliza en casos de calamidad pública, que se puede originar por dos grandes motivos: desastres naturales o cuestiones que alteren gravemente el orden público. En este caso, la violencia rural, actos de terrorismo que pudiéramos vivir, están enmarcados dentro del concepto de calamidad pública.
Lo que pasa, es que efectivamente, se eliminó el Estado Excepcional de Emergencia que no se había utilizado nunca en 30 años y se utilizó por primera vez el 18 de octubre de 2019, porque contiene la causal de conmoción interior que lo permite y es demasiado discrecional para el poder político y le da demasiado poder al presidente. La conmoción es una valoración que depende del sujeto que invoca la causal, no es evidente para todos. Pero, para hacer frente a situaciones excepcionales como la Macrozona Sur se puede recurrir a la concepto de calamidad pública.
Consultado sobre la campaña informativa que impulsa el gobierno, Hagamos Historia, el convencional dijo que la administración del Presidente Gabriel Boric solo “está cumpliendo con su deber, generando las condiciones que le permitan a la ciudadanía votar libre e informada”.
Comentó que la campaña ha puesto énfasis en una de las principales novedades del proceso: la participación.
“Eso no es acto de propaganda, eso es historia. Efectivamente la participación que tuvo la Constitución de 1823 fue la que muestra el afiche. La de 1925 se redactó en las condiciones que se ha señalado. Sabemos cómo se redactó el texto original de la Constitución del ‘80. Y, sabemos que, por primera vez en nuestra historia tenemos una Convención Constitucional elegida democráticamente que, además, contó con miles de audiencias públicas y con más de millón de manifestaciones de voluntad que patrocinaron iniciativas constituyentes”, sostuvo.
Descartó intervencionismo y, en su opinión, las críticas tienen una intención política.
Las tareas de las Fuerzas Armadas están establecidas por “mandato legal, no constitucional”, explicó Bassa. Agregó que la distinción “entre las tareas de defensa de las Fuerzas Armadas y policiales de las otras fuerzas de orden, que está en la Constitución del ‘80, siguen estando en la nueva Constitución”.
“Sin ánimo de generalizar”. Jaime Bassa recordó que estamos frente a una crisis de legitimidad y confianza, porque “nuestras y nuestros representantes han dejado de representar la voluntad popular, sino sus intereses particulares y, a veces, los de quienes financian sus campañas. Una nueva Constitución significa un cambio en la forma que se ejerce el poder”.