Iniciativa busca que toda persona que haya recibido dineros del Fisco no pueda realizar actividades en favor de alguna opción o candidato en el lapso de un año. Lo anterior, desde que dejó de percibir los citados dineros.
Las campañas políticas y los dineros que se mueven a su alrededor, así como la cantidad de personas que movilizan, vuelven a la palestra pública debido a un polémico proyecto impulsado por la bancada del Partido Republicano.
Una acusación que suele surgir en dicho periodo, se relaciona con la irregular participación de funcionarios públicos en favor de una determinada opción. Por cierto, la participación de dichos trabajadores que no está prohibida, pero se debe efectuar fuera del horario de trabajo.
Es en este contexto, que un grupo de diputados de la citada colectividad, presentó un proyecto de ley que busca que todas aquellas personas que “hayan recibido aportes, ingresos, subsidios o bonos del Fisco, hasta un año antes del comienzo del período de propaganda, no podrán prestar servicios en una campaña electoral, sea remunerados o voluntarios”.
De acuerdo al proyecto presentado, que actualmente se encuentra en la comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputados y Diputadas, busca “proteger los recursos fiscales y evitar conflictos de intereses”.
Uno de los firmantes del proyecto es el representante del Distrito 20, Leonidas Romero, quien explicó que “tenemos que cortar la grasa que hay en el Estado, e impedir que los activistas políticos sigan actuando, si a alguien se le da trabajo en el Estado, termina siendo un cliente cautivo de la autoridad que lo llevó y es necesario transparentar la forma en cómo se hace”.
Al ser consultado por la amplitud del proyecto, Romero puntualizó que “no podrán apoyar una candidatura si recibieron algún beneficio del Estado, si usted quiere participar de la campaña, no puede hacerlo en primera línea, ni recibir un sueldo”.
El parlamentario espera que sus colegas apoyen el proyecto, aunque lo ve difícil, puesto que trastoca los intereses de algunos actores políticos.
Esta normativa se encuentra en una etapa inicial del debate al interior de la Comisión de Gobierno Interior. Una de sus integrantes es la diputada del Distrito 21, Joanna Pérez (DC), quien comentó que “es un proyecto que atenta contra la libertad al trabajo. Es muy amplio, ya que en esta categoría podrían entrar personas que recibieron el IFE universal. Los temas de probidad ya están considerados en la normativa, si bien se puede analizar, pero yo no apoyaría”.
Su par y también integrante de esa comisión, Clara Sagardía (CS), aseveró que “es un atentado constitucional al derecho que tienen las personas a trabajar, a expresarse y a tener una opinión política. En las campañas trabajan personas que buscan el bien común de la sociedad. Pareciera que lo que buscan con este proyecto es volver al 1800 y al voto censitario. En el último año, cerca del 90% de los chilenos recibió algún tipo de bono, por lo que quedarían atados de participar en una campaña”.
Quien también mostró su rechazo a la idea fue el diputado y jefe de bancada de la DC, Eric Aedo, quien tildó la iniciativa como absurda.
“Es un proyecto que lleva al absurdo, que está mal formulado y que carece de sentido, más parece un llamado a la galería. Por ejemplo, las autoridades no podrían reelegirse, ya que reciben dineros del Fisco y si seguimos la lógica del proyecto, todas las autoridades que buscan la reelección deberían renunciar un año antes, y es el Servel quien regula los aportes durante la campaña”.
Desde el entorno de la diputada María Candelaria Acevedo (PC), indicaron que están analizando la propuesta y que a priori les parece una iniciativa que coarta las libertades de cada individuo, ya que si bien está prohibido realizar campaña en horario laboral, estiman que fuera de dicho horario es decisión de cada uno utilizar su tiempo libre.