La titular realizó un balance del proceso de descentralización y sugirió que al eliminar la figura del delegado presidencial se centraliza la toma de decisiones, lo que va en contra del actual proceso.
Es la interlocutora entre los gobiernos regionales (gores) y la actual administración, por lo que su rol ha sido cuestionado en medio del proceso de descentralización.
A pesar de esto, la subsecretaria de Desarrollo Regional (subdere), María Paz Troncoso, dice que la evaluación es satisfactoria, “ya que hemos cumplido el mandato de la normativa que ordenó la elección de gobernadores, además de la dictación de reglamentos, establecer equipos en las nuevas divisiones, identificación de competencias y otras situaciones que no estaban en la ley, como el apoyo a los gores en la implementación de la política de zonas de rezagos”.
– ¿Cómo ven las críticas que han surgido hacia el Gobierno por la implementación del proceso?
– Creo que son injustas, hemos cumplido con el mandato de la ley. Entiendo que existan los cuestionamientos, pero este Gobierno con una pandemia a cuestas pudo realizar el proceso eleccionario, que es el gran hito político de la descentralización. Algunos señalan que pudo haber sido mejor y si uno analiza la voluntad que hay en el Parlamento esta es muy distinta a la que había cuando se inició la tramitación de la ley. Muchos de quienes dicen que la ley es incompleta participaron en su aprobación. Distinto es que se cuestione la tramitación de otros proyectos de ley, la normativa de descentralización tuvo dos grandes vacíos, no resolvió el financiamiento, ni las plantas regionales. Hoy, la ley corta está en su fase final y la de descentralización sigue entrampada en el Senado, así que yo esperaría que la crítica fuera acompañada de ideas para agilizar el debate.
– El proyecto de descentralización financiera se encuentra estancado, pues no era lo que se esperaba, ¿ustedes están dispuestos a negociar por una iniciativa de rentas regionales?
– El espíritu que anima a los legisladores es distinto al tiempo que se construyó la ley y es este gobierno el que comprometió una ley. Podemos discutir sobre la profundidad de la propuesta, pero recoge una serie de necesidades sobre la administración de recursos en los gobiernos regionales, además de la flexibilidad de los recursos. La discusión sobre si debe haber o no impuestos regionales no la quisimos abordar, es probable que en futuro sea una materia a legislar.
– La comisión para la “ley corta” entrega el informe en octubre de 2019 y casi un año después se presentan las normativas al Congreso. ¿Qué pasó en ese período de tiempo?
– El día que recibimos el informe ocurrió el estallido social, así que muchas de las prioridades cambiaron, pero no hubo una decisión de demorar el procedimiento. Acá hay un trabajo con los gores. También debemos sumar la pandemia y un ejemplo es que los gobernadores debían asumir en enero de 2021 y la pandemia lo retraso todo.
– ¿Qué evaluación se hace del proceso de traspaso de competencias?
– Nosotros debemos distinguir dos procesos, la identificación de las competencias que ocurrió en 2018 mediante la identificación de decretos en los ministerios de Vivienda y Transportes, además de Corfo, Sercotec y Fosis. Acá, hay algunos que critican que esta transferencia de competencias no fue relevante, pero el tiempo nos está dando la razón. Nosotros hemos dicho que los gobernadores regionales deben decir las competencias que quieren que se les transfieran y ellos mismos han dicho que las van a pedir en base a sus propias realidades, pensar que el gobierno debió traspasar más competencias es desconocer el núcleo central que supone este proceso.
– A contar de marzo de 2022 las regiones podrán pedir competencias, ¿cuáles están dispuestas a entregar desde el nivel central?
– La ley dice que deben ser en materia de desarrollo social, fomento productivo y ordenamiento territorial. Ya hay gobiernos regionales que están haciendo estudios para ver que competencias piden. A contar de marzo de 2022 vamos a ver un ejercicio muy interesante con estas solicitudes.
– Serviu, Fosis, Sercotec, Sernatur son algunas de la entidades que quieren pedir las regiones, ¿esto es factible?
– Va a depender si se enmarcan en estos tres ámbitos, a priori no me atrevo a señalar si es factible. La ley establecer un procedimiento.
– Las regiones analizan pedirlas en bloque, ¿eso se podría hacer?
– Podría ser perfectamente, todo depende de las condiciones cómo se ejercen esas competencias, ya que pueden ser transversales, pero su implementación diferenciada. La ley sugiere competencias generales.
– Hay cuestionamientos a la figura del delegado presidencial, incluso seis de los siete candidatos presidenciales proponen eliminarlo. ¿Cómo se ve eso desde el Gobierno?
– Sé que muchos impulsan la eliminación del delegado y los candidatos están haciendo eco de las demandas de los gobernadores, nos parece esperable y respetable. Nosotros sostenemos que debe existir una figura que se haga cargo de los asuntos de gobierno interior en materias que tienen un alcance nacional. Los delegados no le quitan poder al gobernador, creo que son complementarios. Acá, al proponer la eliminación del delegado se impulsa la centralización de las decisiones, ya que quien representa al Presidente en la Región es el delegado, al eliminar estar figura llevamos al nivel nacional este ámbito de decisiones. Acá no hay una competencia de poderes entre el gobernador y el delegado.
– ¿Y cambiarlo por un seremi de Interior?
– Es una discusión que queda abierta, al menos en los primeros años debemos dejar que las instituciones funciones.