Algunos involucrados podrían ser carta en noviembre. Analistas explican el impacto que genera en la ciudadanía.
Uno de los grandes escándalos que sacudió la política nacional en los últimos años fue el caso Soquimich (SQM), causa en la que se vieron involucrados distintos políticos tras recibir financiamiento ilegal para diversas actividades, entre ellas, campañas políticas y sobornos.
El lunes por la tarde, la Fiscalía (a través de la persecutora, Claudia Perivancich) anunció que no perseveraría en acusaciones contra 34 involucrados, quienes nunca llegaron a ser formalizados. Entre ellos, destacan el ex ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo (PPD), quien ya anunció su precandidatura senatorial por la Región del Biobío, y Joaquín Eguiluz (RN), actual director regional del Fosis, quien se rumorea, podría ser candidato a diputado por el Distrito 20.
Debido a la repercusión social es necesario preguntarse en qué pie quedan estas candidaturas frente a la ciudadanía, considerando el desencanto con la clase política.
Ariel Yévenes, analista Observatorio de Corbiobío, expuso que “lo complejo en estos casos es que, junto con ser procesos que puedan o no haber avanzado hasta instancias judiciales superiores, comprometen la confianza que la ciudadanía tiene respecto a la política y sus instituciones. En este sentido, no es nuevo decir que la confianza de la ciudadanía ya se encuentra en niveles bastante bajos respecto a nuestra política”.
Agregó que “los estándares de transparencia y fe pública que se están esperando desde la sociedad en la actualidad son mucho más exigentes, en virtud de la necesidad y urgencia por restablecer la fe pública, que dada la serie de irregularidades que en diversas instancias han quedado al descubierto en el pasado reciente, se encuentra bastante dañada”.
El sociólogo y ex dirigente político, Manuel Rodríguez, apuntó a los problemas que el financiamiento empresarial puede generar en la política. “Ha sido una anomia que pervirtió el sistema de representación política hasta viciarlo. Los incumbentes están advertidos: la ciudadanía, en tiempos de cambios profundos, sancionarán lo obrado por una magistratura que debe ser transformada estructuralmente”.
Esteban Valenzuela, director de CreaSur UdeC, comentó que “personas que están acusadas de tener problemas de probidad no se traducen en una baja electoral. El tema es que hoy la ciudadanía está más crítica y severa con estos casos. Por ende, quien esté involucrado en estos casos pueden tener varias complicaciones”.
Problemas en campaña
Una de las principales dificultades que pueden tener los candidatos es al momento de tratar de manera directa con la ciudadanía en la etapa de campaña.
“Más allá de lo que pueda determinar la justicia, hay un daño público a la imagen de los involucrados que puede ser difícil de revertir en campaña. Es algo que los va acompañar durante todo el proceso. Los principales efectos que esto puede generar es el reproche ciudadano y las herramientas que pueden tener sus adversarios en la campaña. Eventualmente, puede significar pérdida de votos”, señaló Daniel Ibáñez, presidente de la Fundación Participa.
La fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, quien dirige la investigación por el financiamiento ilegal de campañas políticas, conocido como caso SQM, explicó por qué no se perseveró en el caso.
“Respecto a quienes se comunicó la decisión de no perseverar, corresponde a quienes no fueron querellados por el Servicio de impuestos Internos (SII)”, dijo.
La persecutora detalló que el organismo fiscalizador reiteró hace pocos meses que no accionaría en estos casos.
“A pesar de reiterados oficios remitidos a dicha entidad (el SII), el último fue respondido en febrero de este año, confirmando su criterio previo de no ejercer acción”, afirmó Perivancich.
Agregó que “en cumplimiento de nuestros propios instructivos internos y en orden a no mantener permanentemente abierta una indagación, se comunica la decisión de no perseverar”.