Informe apunta a que demora del Gobierno en la presentación de proyectos de ley ha influido en una correcta instalación de la nueva estructura administrativa.
El proceso de descentralización se ha transformado en un verdadero dolor de cabeza para el Gobierno, a raíz de los cuestionamientos que han surgido desde el Congreso.
Esto debido a que la actual administración siempre supo que durante su ejercicio debía implementar el proceso iniciado el 2017, tanto con el traspaso de competencias como con la elección de gobernadores, la que en un principio estaba agendada para octubre del año pasado.
Una de las críticas apunta a la demora que tuvo la administración de Sebastián Piñera en presentar ante el Congreso dos leyes, una complementaria a la de fortalecimiento de las regiones (o “ley corta”) y la otra que apunta a la Descentralización Financiera de los gobiernos regionales.
En las regiones se cuestiona que el último no es el esperado “de rentas regionales”, ya que se seguirá dependiendo del nivel central.
Recomendaciones
A raíz de lo anterior, en marzo se inició una comisión investigadora en la Cámara para determinar responsabilidades y propuestas para mejorar el proceso.
En un informe de 103 páginas, los integrantes de la comisión apuntaron en sus conclusiones a una “vaga legislación” y “ausencia de cuerpos normativos claros”.
Y se suma que el citado retraso perjudicó la implementación de competencias en diversas materias, además de la dificultad de iniciar sus mandatos en los instrumentos de gestión y presupuestos.
Entre las propuestas, se encuentran que deben zanjar los lugares en dónde funcionarán los gobernadores, a raíz de la cohabitación con el delegado presidencial. Además, deberán proponer modificaciones legislativas que otorguen verdadera independencia al gobernador, entre ellas, la obtención de fondos de acuerdo a la necesidades de cada zona y la creación de una comisión especial que fiscalice la correcta y oportuna implementación del proceso de descentralización.
Opiniones
Para el diputado e integrante de esta comisión, Jaime Tohá (PS), hay un problema generalizado en la institución estatal al querer concentrar poder. “Frente a la precariedad de la legislación que ordena este proceso, cabría haber esperado que los escasos instrumentos disponibles, el Gobierno los hubiera desplegado con eficacia y prontitud, lo cual ha estado lejos de la realidad. Hay que asumir que este proceso sólo avanzará en base a la fuerza de las regiones y la existencia de un gobierno con voluntad política para llevarlas a cabo”.
Desde Corbiobío, el analista Ariel Yévenes explicó que “sigue siendo necesario recalcar la importancia que tiene el clarificar las competencias de los gobernadores regionales y los delegados presidenciales, para delimitarlas armónicamente, de manera tal de reducir los ámbitos de posibles controversias”.