Analistas locales tienen opiniones divididas frente a volver a la obligatoriedad. Dicen que se debe ofrecer incentivos a la ciudadanía para que vayan a sufragar.
A días de la elección de gobernadores regionales, marcada por la baja participación ciudadana, la Cámara de Diputados aprobó en particular la restitución del voto obligatorio, por 105 votos a favor, 13 más de los que se necesitaban para cumplir con el quorum requerido, pasando así al Senado para continuar su tramitación.
Y si bien la iniciativa no considera multas para quienes no vayan a sufragar, de no votar podrían estar afectos a no ser beneficiarios de bonos del Estado, lo que se discutirá en paralelo en la comisión de Interior.
Cabe precisar que durante la discusión parlamentaria se solicitó votar por separado tres normas, incluidas en el proyecto, relativas a excluir de la obligatoriedad del voto a los mayores de 75 años, a personas con discapacidad y a extranjeros avecindados en el país con derecho a sufragio. Tras rechazarse dichas disposiciones, estas fueron eliminadas del texto despachado al Senado.
“Este es un paso importante y esperamos que ahora en el Senado se apruebe para que podamos tener más legitimidad de nuestras autoridades. Creemos que es muy necesario reforzar la democracia con más participación”, dijo la diputada del Distrito 21, Joanna Pérez (DC).
Como se recordará, la parlamentaria del Biobío fue la autora de la iniciativa presentada hace dos años en la Cámara y que cobró fuerza recién después de la megaelección de mayo pasado, donde los grandes ganadores fueron los independientes y los partidos menos tradicionales.
Es por lo anterior que desde distintos sectores se ha criticado la escasa reflexión en torno a las razones de fondo por las cuales la ciudadanía no concurre a las urnas.
Al respecto, el doctor en Ciencias Políticas y académico de la Universidad de Concepción (UdeC), Sergio Toro, comentó: “yo lo analizaría un poco más, el volver al voto obligatorio, porque si nos basamos en la última elección la gente se restó, porque no entendían las funciones del nuevo cargo y porque venían de una sobrecarga de candidatos a diferencia del Plebiscito donde votó más gente, por tanto, pensar en la obligatoriedad no le va a dar más legitimidad al sistema”.
En la misma línea, la administradora pública y docente UdeC, Karla Muñoz, explicó que “si no contamos con una buena base de formación cívica, el voto obligatorio será muy volátil y podríamos estar en presencia de votaciones muy inusuales y eso no sería positivo para la ciudadanía.
En opinión de Muñoz, “las imposiciones nunca son positivas, por eso el voto obligatorio, a pesar que como ciudadanos tenemos deberes y derechos, no creo que satisfaga la necesidad de vincular los procesos de participación con la sociedad”.
La profesional agregó que “deberían existir incentivos, tal como ocurre en países latinoamericanos donde si no participas en elecciones se ven muy reducidas tus posibilidades de participación de entrar al servicio público tanto como funcionario o beneficiario de una política de gobierno, como licitaciones o entregas sociales”.
El presidente de la Fundación Participa, Diego Ibáñez, dijo que era prudente, pero acompañado de otras medidas. “No basta con la obligatoriedad para garantizar la participación, se debería cambiar el registro electoral, más cerca de los votantes y así no deban trasladarse largas distancias. Además, debe haber más campañas de difusión, para motivar a la ciudadanía”, complementó.
En tanto, el sociólogo y también docente de la UdeC, Rodrigo Ganter, indicó que el voto voluntario ya cumplió una etapa y no resultó. “El obligatorio es un mecanismo más representativo que corrige el sesgo de clase, dado que la gente con mayores ingresos y con mayor nivel educacional es siempre la que tiene un mayor nivel de participación electoral”, sostuvo.