Además, plantean seis garantías para el desarrollo democrático del proceso. Solicitud ha generado diversas reacciones entre políticos de la región.
Durante la jornada del martes, un grupo de 34 constituyentes electos, que forman parte del grupo “Vocería de los Pueblos”, presentaron vía plataforma Zoom seis garantías democráticas para el desarrollo y funcionamiento de la Convención Constitucional que comenzará a instalarse a partir del mes de julio.
Junto a esta presentación, la vocería confirmó que la Convención no se debe regir por las normas creadas en el histórico “Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución” del 15 de noviembre de 2019, fecha en que, tras extensas reuniones, la mayoría de los partidos políticos acordó el Plebiscito que radicó en el proceso constitucional.
Tras un extenso trabajo, las seis garantías democráticas solicitadas son: libertad a todos los presas y presos políticos de la revuelta y mapuche; verdad y justicia respecto a los crímenes cometidos por los agentes del Estado; reparación a todas las víctimas de violaciones a los Derechos Humanos; desmilitarización del Wallmapu; no más expulsiones ilegales de migrantes y rechazo al TPP-11 y a toda medida que intente limitar, de antemano, la posibilidad de ejercicio del poder constituyente.
A través de su primer pronunciamiento, el grupo estableció que “el poder constituyente originario es un poder plenamente autónomo que se establece para reordenar el cuerpo político de una sociedad, teniendo como límites el respeto de los derechos fundamentales. En consecuencia, el proceso abierto por los pueblos no puede ser limitado a la redacción de una nueva Constitución bajo reglas inamovibles, sino que debe ser expresivo de la voluntad popular”. Además, hizo un llamado a “hacer efectiva la soberanía popular de la constituyente, expresada tanto en el reglamento como en las normativas que debe darse, sin subordinarnos a un Acuerdo por la Paz que nunca suscribieron los pueblos”.
El constituyente de Biobío, Bastián Labbé, explica que “el objetivo es demostrar que en Chile hay una serie de eventos que no han sido abordados por el Ejecutivo. Creemos que estas garantías son fundamentales para generar un proceso constituyente democrático y reparador frente a la violencia histórica del Estado”.
Sobre el surgimiento de la iniciativa, aseguró que “proviene de la necesidad de articularnos con una mirada en común desde los movimientos sociales, territoriales, ambientales, feministas, entre otros. Es natural que quienes llevamos años organizados frente a la precariedad de este sistema, busquemos los canales necesarios para materializar las demandas justas e históricas de los pueblos”.
La declaración de la vocería no tardó en generar reacciones en la política local. La diputada del Distrito 20, Francesca Muñoz (RN), manifestó que “veo cierto autoritarismo de parte de un grupo de los constituyentes electos y eso es grave. Aquí hay códigos de institucionalidad que se deben respetar, tanto del Acuerdo por la Paz, como de la votación del Plebiscito. Por lo mismo, nadie puede atribuirse más poder del que les corresponde”.
La parlamentaria agregó que “en julio se espera que la Convención Constitucional comience a funcionar y espero que se respeten las normas de las leyes que, actualmente, nos rigen y que prime el buscar lo mejor para Chile”.
El diputado del Distrito 20, Gastón Saavedra (PS), dijo que “hay puntos que deben resolverse dentro de la institucionalidad vigente, como la reparación de los Derechos Humanos y eso debe tratarse en el Parlamento. No sería tan categórico en levantar una propuesta que invite a no debatir en la nueva Constitución. Ese no es el camino. Sabemos que hay puntos varios y legítimos, pero debemos analizar la representación que estos tienen”.
Señaló que “no me parecen las presiones a la Convención, entendiendo que puede haber temas justos y con certeza. No podemos trabajar con una pistola en el pecho”.