Fue durante la administración de Sergio Giacaman que se contrató y, en ella, se pidió una hoja de ruta para el traspaso de autoridades regionales.
El proceso de descentralización y traspaso de competencias desde la figura del intendente al futuro gobernador regional genera preocupación en el Gobierno Regional (Gore). Por ello, en julio de 2020 la administración de Sergio Giacaman contrató, por $17 millones, un servicio de consultoría para la “Elaboración de un estudio para la preparación del traspaso de administración e instalación de los gobernadores regionales en virtud de la entrada en vigencia de las leyes 21.073 y 21.074”.
En el contrato, que firmó la exautoridad y el representante de la “Consultora Biobío Sur Ltda”, quedó especificado los contenidos de los cinco informes entregados por la firma. El primero consta de un diagnóstico de la situación actual versus la situación deseada de acuerdo a lo estipulado por ley, con énfasis en la situación actual de las divisiones del Gore, competencias y transferencias de ellas.
El segundo documento entrega una hoja de ruta y un plan de trabajo para los años 2020 – 2021. El tercer informe se relaciona con la recopilación y relato histórico del proceso de regionalización.
El cuarto archivo es un manual protocolar que incluye un cronograma de actividades para posicionar comunicacionalmente el proceso de regionalización y una propuesta de hitos para reflejar el “legado de los intendentes”. El último informe es un resumen de los anteriores.
La empresa a cargo de esta asesoría es la Consultora “Biobío Sur Ltda” ligada a Hernán Lama, quien fue por años estrecho colaborador del ex senador y ex ministro del Interior, Víctor Pérez.
En los registros del Senado, Lama figura como coordinador territorial de Pérez y la consultora tiene inicio de actividades en el año 2011.
Desde marzo de 2013 hasta febrero de 2018 prestó asesorías al senador Víctor Pérez. El único contrato que mantiene la firma con el Estado por Mercado Público es con la Intendencia del Biobío para la asesoría antes mencionada.
El ex concejal de Concepción, Jorge Condeza, se mostró especialmente crítico de esta consultoría. “No se entiende cual es el objetivo de comprar un estudio que ya había sido adquirido por la Subdere a la UDD y que respondía, exactamente, las mismas dudas que acá se quería resolver”, comentó el exedil.
Desde el Consejo Regional (Core) también han surgido reparos al documento. Andrés Parra (PS) indicó que “es lamentable que en plena pandemia las prioridades sean este tipo de estudios. No hemos recibido este tipo de asesorías y es interesante recibir estos apoyos”.
Consultado, al respecto, Patricio Lynch (RN), dijo no conocer el texto. “No sabemos nada, nunca nos informaron, quizás pertenece a los dineros reservados que tiene. A mí me gustaría que se pronunciara Contraloría, ya que esto debió ser licitado. La consigna del informe está clara en la ley y lo otro será juzgado por los historiadores”.
Luis Santibáñez (Indep.) señaló que “se debe revisar el contenido de la consultoría, pero no debemos confiar en la palabra de iluminados que buscan establecer dudas en el uso de los fondos públicos. Es Contraloría la que establece si hay algo irregular o no”.