Las normativas aún están en el Senado y, además, deben ser analizadas por la Cámara, por lo que los tiempos no permitirán que estén aprobadas para la asunción de futuras autoridades.
La elección del 15 y 16 de mayo será un hito importante para la historia de Chile, no solo por la definición de convencionales constituyentes, si no que también por la elección de los gobernadores regionales, figura que reemplazará, administrativamente, al intendente y, además, tendrá que compartir algunas competencias con el delegado presidencial.
Eso sí, no todo es miel sobre hojuelas, ya que la ley dejó varios flecos no definidos, especialmente, en relación a las competencias que tendrá cada autoridad. Es por esto que, en octubre del año pasado, el Ejecutivo ingresó al Senado el proyecto “para implementar adecuadamente el proceso de descentralización del país”, conocido como “ley corta”, la cual aún se encuentra en la Cámara Alta y el pasado 27 de abril pasó desde la comisión de Gobierno a la de Hacienda.
En tanto, el 30 de septiembre del año pasado, La Moneda ingresó también al Senado el proyecto de ley que “fortalece la descentralización financiera de los Gobiernos Regionales, establece normas sobre responsabilidad fiscal y crea fondos que indica”. Muchos esperaban que fuese el de rentas regionales, pero no fue así, ya que no entrega independencia presupuestaria a las regiones.
Esta normativa se encuentra a la espera de recibir indicaciones por parte de los senadores.
A las dos iniciativas les resta la votación en particular en el Senado y toda la tramitación en la Cámara, por lo que su aprobación no estaría lista antes del 14 de julio, día en que asumen los gobernadores, tal como lo había comprometido el ahora ex ministro de la Segpres, Cristian Monckeberg.
Desde Corbiobío creen que el gobernador regional va a enfrentar una alta incertidumbre en el plano institucional y presupuestario. “No se ha generado un marco legal y financiero que le dé autonomía y ha primado una lógica de desconfianza al momento de transferir competencias a las regiones”, comentó el analista de la institución, Francisco Gatica.
Mientras que la diputada e integrante de la comisión de Gobierno, Joanna Pérez (DC), consideró que “cuando los gobernadores asuman se deben construir nuevos instrumentos. Este es un nuevo proceso en dónde queda mucho por hacer. Esto más allá de las promesas que hizo el gobierno y que simplemente no se cumplieron, lo que demuestra que no es una prioridad”.
El senador Alejandro Navarro (PRO) indicó que “el debate se dio cuando se decidió su votación popular y sabíamos que esas facultades no van a estar. Estas se van a tener que ganar producto de la organización de los gobernadores y estas leyes que estamos aprobando son para el delegado presidencial y eso es reírse de las regiones, por lo que los gobernadores electos deben encabezar la lucha”.
La denominada ley corta de descentralización pretende subsanar los vacíos que quedaron pendientes en la ley original de 2017.
Entre estos se encuentra la definición de competencias y roles que tendrán el gobernador y el delegado presidencial, en qué casos deberán ser acusados constitucionalmente, los quórum que se requiere para esta situación, entre otros detalles.
La normativa sobre descentralización financiera apunta a la obtención de recursos desde el nivel central y la creación de nuevos fondos para la Subdere, pero con destino a regiones. Se seguirá dependiendo del nivel central para lograr dineros frescos para cada región, los que deberán ser solicitados de forma anual.